Cárcel del Encuentro: máxima seguridad entre riesgos y pendientes

La Cárcel del Encuentro cumple tres semanas de su habilitación. El pasado 10 de noviembre de 2025, el presidente Daniel Noboa anunció que 300 privados de la libertad más peligrosos del Ecuador fueron trasladados a ese centro penitenciario de máxima seguridad, ubicado en la parroquia Juntas del Pacífico, en la provincia de Santa Elena.

El régimen afirma que la cárcel tiene capacidad para acoger a entre 800 y 1.000 presos. Sin embargo, la información sobre el estado de la infraestructura es escasa. Los datos que se conocen son los que ha expuesto el ministro del Interior, John Reimberg, en distintas entrevistas, en donde ha señalado que los detenidos están “mezclados” entre integrantes de distintos grupos delictivos, incomunicados, que cuentan con una vigilancia extrema y que la nueva estructura estará custodiada por policías y militares en servicio pasivo.

Una de las polémicas se desató cuando el mismo Gobierno admitió que la cárcel no está terminada, pues en las imágenes disponibles solo se observa la obra gris y hasta existen obreros cerca del centro. 

Pese a los cuestionamientos, Reimberg asegura que el lugar cuenta con los servicios básico y que los internos tienen atención médica en el interior, para evitar que mantengan contacto con personas del exterior, que escapen o que extorsionen.

Si bien el régimen defiende el proyecto y su manejo, tres expertos advierten sobre los riesgos que podrían generarse si la cárcel no se completa o si no se revisan los parámetros internacionales que deben cumplir este tipo de centros penitenciarios. 

Los criterios buscan prevenir que se repita la situación en las actuales penitenciarías, que están tomadas por grupos criminales, donde se registran masacres y en las cuales sus funcionarios son señalados por corrupción.

“Se requieren estrategias técnicas diarias, de lo contrario el éxito será temporal y puede convertirse en un arma de doble filo para el país”, alerta la experta en Seguridad Pública y del Estado, Katherine Herrera.

1. Distribución de la población penitenciaria

Existen interrogantes respecto a qué procesos técnicos se aplican para la asignación de los espacios que ocupan los presos, quienes están asignados a una celda para cuatro personas, según Reimberg.

“Hay normativa técnica, como la de Mandela, que dice, claramente, que hay que separar, hay que dividirlos, clasificar a los privados de libertad por tipologías, inclusive de conductas”, dice Max Campos, exviceministro del Interior.

2. Infraestructura carcelaria

La habilitación de la cárcel ocurrió a seis días de las elecciones de la consulta. Por ello, su apertura despertó dudas y preocupación de algunos defensores de los presos, como lo expresó la abogada del exvicepresidente, Jorge Glas. 

Para evitar que se vulneren las condiciones en las que están internos, Herrera sugiere dotar totalmente al recinto con los servicios básicos, pues ese tipo de desatención podría desatar inconvenientes en el interior.

3. ¿Quién administra la cárcel de El Encuentro?

Los expertos cuestionan que exuniformados gestionen el sitio y que no se les apliquen pruebas rigurosas. 

La administración penitenciaria es una carrera, “que exige conocer qué hacer con los sistemas penitenciarios, el trabajo de rehabilitación, salud, educación. Por lo general son criminólogos, psicólogos, sociólogos, victimólogos”, explica Campos, quien también aconseja “controlar a los controladores”.

Para el investigador Luis Córdova, director del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, asignar ese rol a los exagentes es “desconocer al menos 50 o 60 años de desarrollo científico en los ámbitos del trabajo social y de la criminología. Hay investigaciones que demuestran con claridad que no funciona entregar las cárceles a policías”, asegura. Cree que “lo único que se va a conseguir es, evidentemente, la violencia”.

4. Transparencia

Los expertos instan a iniciar acciones de fiscalización, pese a que el ministro del Interior ya adelantó que se negará a que funcionarios de otras entidades ingresen al lugar. 

Dichos procesos no solo permitirán revisar las condiciones en las que los presos están recluidos, sino verificar la seguridad que alega el Gobierno. Oponerse, indica Córdova, es “una clara pulverización del orden jurídico, de los derechos, incluso reconocidos por convenciones internacionales. Lo que se ve en esa decisión es una ratificación de un comportamiento autoritario del régimen, como en El Salvador”. 

5. Acompañamiento

La implementación del centro debe apoyarse en organismos que son parte de redes internacionales contra la dinámica de violencia, recomienda Herrera. La asesoría permite una actuación efectiva contra los grupos delincuenciales, “para que el Estado vuelva a tener ese control”.

6. Labor de Fiscalía

La creación de una cárcel nueva no debe limitarse solo a la estructura y más bien, es la oportunidad para mejorar el sistema penitenciario. De allí que también es importante revisar el rol de la Fiscalía en el procesamiento de los delitos, cuyo trabajo apunte a buscar una justicia efectiva. 

“La tasa de homicidios en el país es alta porque hay un bajo riesgo de ser investigado. Quien mata a otra persona casi nunca llega a ser procesado judicialmente”, sostiene Córdova.