Candidatos a la Judicatura identifican los problemas, pero olvidan la independencia

El fortalecimiento de la independencia judicial, pilar de la democracia, es el tema olvidado por los postulantes para renovar el Consejo de la Judicatura. Durante sus presentaciones, los candidatos de las ternas de cinco entidades del Estado no incluyeron propuestas concretas para garantizar la autonomía de la Función Judicial frente a las presiones del Ejecutivo.

La consejera de Participación, Piedad Cuarán, señaló esta falencia y consultó a la postulante Ivonne Núñez sobre su plan para fortalecer la independencia judicial.

La respuesta de Núñez fue evasiva. En lugar de ofrecer un plan estratégico, Núñez recurrió a una anécdota personal. Cuando se le preguntó cómo garantizaría la independencia de la Función Judicial, ella contestó: “si usted me pregunta el número de teléfono del señor presidente, no lo conozco”. Para reforzar su argumento, relató un caso de 2020 donde actuó como jueza en un habeas corpus. Ella afirmó que aplicó la figura del “error inexcusable” a un juez de menor jerarquía y que falló a favor del demandante, quien era el ahora presidente de la República, Daniel Noboa.

La abogada y directora del Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño, dice que le llamó la atención que muy pocos candidatos se refirieron a la independencia judicial. “Más allá de plantearlo retóricamente, no ofrecieron actividades concretas para fortalecer la independencia”, asegura.

Una lista de problemas sin planes concretos

La jurista observa que todos los postulantes identificaron los mismos problemas: presupuestarios, tecnológicos, de capacitación, y de mecanismos de selección y evaluación. “Todos, salvo uno, ponen al asunto del crimen organizado como prioridad, pero curiosamente, muy pocos hablaron en específico de generar protocolos o mecanismos de protección a operadores de justicia, se enfocaron más en la depuración”. El resumen de la audiencia pública confirma que ningún postulante abordó el problema de las amenazas del crimen organizado a los operadores de justicia ni propuso soluciones específicas.

El docente de la Universidad Católica Efrén Guerrero afirma que la seguridad de los funcionarios judiciales es clave para que respondan ante la necesidad de judicialización de los casos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que ejecutan operaciones contra bandas.

“No hay una política de seguridad, control perimetral, accesos y protección dentro del Sistema Judicial”, dice Guerrero. Agrega que para una judicialización rápida y eficaz del crimen organizado, se requiere una política pública, no solo leyes.

Recuerda que el Consejo de la Judicatura es una entidad que hace política pública y que para llevarla a cabo, necesita de una millonaria inversión. 

• Ternas. El CPCCS ha escuchado las ternas de la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General, Defensoría Pública, Ejecutivo y Asamblea Nacional.

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