CAL trató la solicitud de juicio político al consejero Gonzalo Albán:¿Qué resolvió?
La bancada de ADN señala que Gonzalo Albán incumple y simula funciones como consejero del Consejo de Participación (CPCCS)
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional conoció la solicitud de juicio político presentada en contra del consejero de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán. El proceso es impulsado por el asambleísta de ADN, Keevin Gallardo.
Según informó la Asamblea Nacional, el CAL resolvió requerir a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) que, en un plazo máximo de 3 días, remita un informe de cumplimiento de requisitos para continuar con el juicio político al funcionario del CPCCS.
Una vez que el CAL tenga el informe jurídico, se decidirá la continuidad o no del juicio político. En caso de que sí sea calificado, el mismo será remitido a la Comisión de Fiscalización (controlada por ADN) para que, en orden de prelación, sustancie el proceso de control político.
Veedores denuncian que el concurso para fiscal general avanza con falta de transparencia. Acusan al CPCCS de “bloqueo activo” en la fase de integración de la Comisión Ciudadana de Selección.
— Diario Expreso (@Expresoec) July 30, 2025
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¿De qué se lo acusa al consejero Gonzalo Albán?
De acuerdo con el CAL, la solicitud de juicio político contra el consejero Albán se enmarca en un presunto incumplimiento del numeral 8 del artículo 21 de la Ley del Consejo de Participación, respecto a la prohibición de ser afiliado o adherente a una organización política durante los cinco años previos al desempeño de sus funciones.
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En su solicitud de juicio político, el asambleísta Gallardo sostiene que Albán se desafilió de un partido político en 2022, apenas un año antes de las elecciones del CPCCS de 2023. Asimismo, señala que, pese a que el CNE lo descalificó por este motivo, la mayoría del TCE sí permitió su candidatura.
Albán teme que el juicio político sea para llegar a los concursos
Días atrás, en declaraciones para EXPRESO, el consejero Gonzalo Albán señaló que respeta la facultad de fiscalización de la Asamblea Nacional, pero que la presentada en su contra le genera inquietudes respecto a sus motivaciones.
"Respeto el derecho de los legisladores a ejercer la fiscalización, aunque me preocupa que esta acción pueda interpretarse como un intento de influir en procesos de designación importantes como los de la Judicatura y la Fiscalía", comentó.
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