La movilidad, el cuidado del medio ambiente, la convivencia ciudadana, la cultura, el comercio justo, la agroecología, la productividad y los cuidados son algunos de los temas que convocan a los representantes de al menos 100 organizaciones de la sociedad civil que conforman el Cabildo Cívico de Quito.

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Esta agrupación ha aportado con iniciativas ciudadanas dentro de la elaboración de normativas en el Concejo Metropolitano de Quito, en casos como en la reciente Ordenanza Verde Azul, que se cristalizó luego de un dictamen de la Corte Constitucional a favor del río Monjas y del medio ambiente.

Pero, ¿cómo lograr acuerdos en una organización de organizaciones tan grande y con criterios, ideas y proyectos tan diversos? Roberto Pozo, uno de sus miembros fundadores, señala que se puede si se acercan posturas al buscar cuáles son los puntos que todos tienen en común. “La ciudadanía tiene un interés vivo por participar, opinar, dar soluciones. El Cabildo ha abierto esta puerta para gente que tiene una causa y quiere impulsarla, tenga la oportunidad de hacerlo”, dice.

El Cabildo Cívico de Quito empezó en 2019 con una tarea específica: organizar debates para escuchar las propuestas de los candidatos que buscaban dirigir la Alcaldía en el período pasado. En ese entonces, se juntaron cerca de 70 grupos. Luego se instituyeron siguiendo los lineamientos de la Ordenanza 102, que promueve y regula el Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social en el Distrito Metropolitano de Quito, que se aprobó en noviembre de 2016.

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Desde entonces, sus miembros han buscado la forma de coincidir en puntos básicos para poder avanzar. Según Pozo, están conscientes de que las personas tienen su ideología política y eso no entra en discusión. Lo que sí tienen claro es que en el Cabildo, -que se define como una organización apartidista- todos están orientados hacia una movilidad sostenible y son un frente de defensa de los derechos de la naturaleza.

A partir de ahí, se consideran todos los proyectos que promueva cada organización, pero saben que algunos tienen más fuerza que otros, según la coyuntura. Por ejemplo, luego de la Ordenanza Verde Azul, todos se han volcado a promover la visión de Quito sin minería sobre la consulta popular local que se celebró el domingo 20 de agosto, dentro de las elecciones nacionales. “Hay una causa que aglutina y empujamos todos”, concuerdan los miembros del Cabildo.

En principio, la idea del Cabildo era presentar las propuestas desde la ciudadanía a los candidatos y al ganador. Ricardo Buitrón, otro de los miembros fundadores, dice que la génesis de esta organización fue acercar a grupos que tenían afinidad y que de vez en cuando se apoyaban, pero que no tenían una articulación estructurada, hasta ese momento.

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“Muchos ya venimos de otros procesos. Por ejemplo, antes estuvimos en Quito para todos, que promovió el ciclopaseo que existe hasta hoy. Luego impulsábamos otros temas nuevos como apps de recicladores, el uso de vajillas reutilizables, etc. Fueron ideas potentes, pero notábamos que no siempre había apertura”. Ahora, el Cabildo se muestra como un grupo más fuerte que puede darle un impulso a la gente que busca un espacio propositivo y que suele encontrarse con un muro.

Para Diego Cevallos, socio de Gobernanza Local, es importante que este colectivo exista y que haya empleado dos recursos de participación ciudadana (la posibilidad de crear cabildos populares y de ocupar la silla vacía en el Concejo), para que en la ciudad se pueda complementar la perspectiva ciudadana con la perspectiva institucional.

El Cabildo suele designar representantes que tienen experiencia específica en los temas que se van a discutir -agrega Cevallos- “y es importante porque desde la perspectiva ciudadana se puede generar insumos o aportes al proyecto normativo que no necesariamente se ven desde la perspectiva institucional. En definitiva, generan valor público porque se conjugan ambas cosas para definir una política pública que luego se trasladará al territorio”.

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Cevallos puntualiza que esta debe ser la organización que en más oportunidades ha enviado representantes para usar el mecanismo de la silla vacía, que le da voz y voto a la ciudadanía en la toma de decisiones importantes para Quito.

Este tipo de recursos son una prueba de que nadie puede gobernar sin participación ciudadana, subraya María Elena Rodríguez, actual coordinadora general del Cabildo. Para ella, los políticos deben recordar que el actor ciudadano trasciende a una administración municipal. Como una organización de organizaciones, el Cabildo amplifica lo que hacen sus miembros, pues es una red de actores sociales que quieren trabajar por la ciudad y sus habitantes.

Son tan diversos que de este forman parte colectivos como Protección Animal Ecuador, Fundación Tándem, Reci Veci, Rescate Río San Pedro, Colectivo Defensa Hotel Quito, Ciclópolis, Ilaló Verde, Fundación Sichi Sacha, Pacto por la Niñez y Adolescencia, Fundación Ecuatoriana Equidad, entre otras.

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Su afán es trabajar en propuestas para construir una agenda colectiva de gestión en Quito, pero también se orientan hacia el control social y, por ello, dice Rodríguez, están con el Municipio en un permanente tira y afloja entre la propuesta y la fiscalización.

Además, el Cabildo es un organismo vivo que muta y crece conjuntamente con la ciudad. Se organiza en seis mesas de trabajo: ambiente, movilidad, cultura, comercio justo, agroecología y productividad. La más reciente es la de cuidados, que busca darle visibilidad a los ciudadanos que tienen necesidades específicas que pueden estar descuidándose, como niños, adultos mayores, personas con discapacidad o miembros de la comunidad LGBTIQ+, a quienes quieren darles mayor atención.

Para Sandra López, una de las promotoras del proyecto Solidaridad Quitumbe, que ha logrado recuperar quebradas como Calicanto, El Carmen y Ortega, solo se avanza si se construye una inteligencia colectiva.

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