El domingo de las elecciones apareció sin anunciarse. En la central de campaña del sur de Quito acompañó a los candidatos y dirigentes correístas que se juntaron ahí para esperar el resultado de los escrutinios y se fotografió en alegre palique con Luisa González. Nada se dijo de su agenda ni del propósito de su visita: simplemente se asumió que vino a observar el proceso. El caso es que Pablo Iglesias, exvicepresidente segundo del Gobierno español y líder histórico del efímero movimiento de izquierda radical Unidas Podemos, protagonizó un viaje relámpago a las colonias. Para nosotros, los aborígenes, resulta apenas natural, habida cuenta de sus antecedentes y los de su partido y sus compañeros de ruta, preguntarnos cuánto nos va a costar la gracia. Después de todo, él y los suyos llevan años sacando millones de plata pública de repúblicas petroleras y bananeras como esta para financiar la revolución europea, por no hablar de su costoso tren de vida. Y si Pablo Iglesias tiene a bien halagarnos con su presencia, no hay que descartar la posibilidad de que algún negocio se traiga entre manos.

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Porque vamos a ver: más que por el compromiso político y la solidaridad internacional, como aparenta, la relación de Podemos con el progresismo sudaca ha estado marcada por el dinero. Por el que se llevan, se entiende. Esta historia empieza con el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), un ‘think tank’ anticapitalista ligado a la universidad de Valencia cuya asesoría fue clave en los procesos constituyentes bolivarianos. Venezuela (1999), Bolivia (2006) y Ecuador (2007) fueron los laboratorios donde Roberto Viciano, fundador del CEPS, puso a prueba sus experimentos constitucionales. Engendros como el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, el dizque quinto poder que ha vuelto crónica la ingobernabilidad ecuatoriana, provienen de su pretensión refundadora. Año tras año, durante una década, el CEPS renovó sus contratos con los gobiernos clientes. Así, mientras los conejillos de Indias sufríamos las consecuencias de sus novelerías neoconstitucionales, los profesores chiflados llenaban sus bolsillos. Para 2016, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional venezolana, de oposición al régimen de Maduro, estableció que el dinero transferido por el Gobierno al CEPS entre 2002 y 2012 ascendía a 7,1 millones de dólares (3,9 millones más de los que el propio CEPS declaró en España). Con el gobierno de Rafael Correa, en cambio, los convenios superaron los 800 mil dólares entre 2009 y 2012.

Para ese entonces, los directores del centro de estudios eran Iglesias, que es licenciado en Derecho y reconoce a Viciano como su maestro de constitucionalismo latinoamericano, y sus compañeros de ruta Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, con quienes fundaría Podemos en enero de 2014. Precisamente, en vísperas del nacimiento del partido las transferencias se incrementaron. El plan de actuación del centro de estudios firmado por Errejón en diciembre de 2013 recoge convenios financiados casi en su totalidad por Venezuela y Ecuador. Correa aportó (es un decir: en realidad aportamos todos) con 775 mil dólares más por líneas de cooperación con Senplades y la Cancillería. En el paquete venía incluido José María Guijarro, ‘Txema’ para los amigos, que se convirtió en asesor del canciller Ricardo Patiño, luego subsecretario de ese ministerio y, finalmente, gestor del asilo político de Julian Assange.

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Y aquí viene lo gracioso: Iglesias, Errejón y Monedero (caramba, que apellido tan apropiado) cobraron todo eso y luego el CEPS se disolvió en Podemos. Pero como Podemos es (o fue) un partido político con todas las de ley y ningún partido político (en España y en cualquier lado) puede recibir financiamiento de gobiernos extranjeros, Iglesias, Errejón y Monedero negaron toda relación entre Podemos y el CEPS. Eran el mismo grupo de personas, una cosa desapareció cuando apareció la otra, pero no tienen relación alguna. Cualquiera les cree.

Tampoco se relacionaba con Podemos, qué va, la cooperativa Kinema, a la que Rafael Correa adjudicó a dedo once contratos por 2,6 millones de euros, pagados a través de la embajada ecuatoriana en España entre 2012 y 2016. Que todos sus integrantes fueran socios de Podemos es solo una de esas casualidades inexplicables de las que está hecha la vida. De este oscuro episodio llegamos a enterarnos gracias a la infidencia (metedura de pata sería el término más apropiado) del fallido embajador de Guillermo Lasso en Madrid, Pascual del Cioppo. Fue él quien, recién nombrado para el cargo y antes de viajar a España, denunció esos pagos, informó que el presidente le había ordenado suspender “de inmediato” la vigencia de los contratos, y reveló que las empresas beneficiarias tenían relación con Irene Montero, ministra de Igualdad, esposa de Pablo Iglesias, y con Rafael Mayoral, diputado por Podemos. Cuando el escándalo se desató en España, del Cioppo se dio cuenta de que se estaba metiendo con los socios del gobierno de Pedro Sánchez, lo cual era harto inconveniente para un embajador, así que trató de desdecir lo dicho. Tarde. El asunto le costó el puesto antes de asumirlo, pero Ecuador y España le deben una revelación muy interesante.

¿Para qué eran esos pagos? Supuestamente, para brindar servicios legales y de acompañamiento psicológico a los ecuatorianos víctimas de los desahucios en España. El en ese entonces asambleísta socialcristiano Esteban Torres auditó esos servicios, y en una entrevista con el medio digital español OK Diario, que investigó el tema a fondo, reveló que tenían una efectividad del 2 por ciento. “Si uno revisa el detalle por meses -detalló- hay veces que hay un cero por ciento de éxito”. En resumen: cualquier otro estudio jurídico habría hecho un mejor trabajo por mucho menos dinero. Pero los podemitas son buenos amigos y cobran lo que cobran.

Mientras tanto, como a tantos otros hoy dispersos por el mundo, a Pablo Iglesias y su esposa el socialismo del siglo XXI les cambió la vida. Para bien. En 2018 fue muy comentada su mudanza, de un departamento de alquiler al este de Madrid, a un chalé propio en una de las zonas más chic de las afueras, con 248 metros cuadrados de construcción, 2.300 metros cuadrados de jardines, piscina y “espectaculares vistas”, como reseñó una revista del corazón. Es la misma época en la que Irene Montero, que no trabajó nunca antes de asumir como ministra en 2021, como no fuera como “portavoz de las marchas de la dignidad” (así dice su currículum), multiplicó por diez su patrimonio: pasó de tener 7 mil euros y muchas deudas en 2016, a 630 mil euros en 2021. Así paga la espada de Bolívar a sus devotos.

• El exvicepresidente segundo del Gobierno español y líder podemita vuelve al país donde hizo excelentes negocios

• El correísmo firmó convenios por 700 mil dólares con el centro de estudios de Pablo Iglesias y sus camaradas, justo un año antes de que se disuelva en su nuevo partido político.

• Una ganga. 2,6 millones de dólares fueron adjudicados a dedo por Rafael Correa para una serie de servicios jurídicos en España con una efectividad del 2 por ciento.

El punto de vista de un ciego

El gobierno de Guillermo Lasso, dice Pablo Iglesias en el programa que conduce en su canal RED, “es un bloque histórico en sentido gramsciano”. Es decir: “Está articulado a sectores tan importantes como la judicatura y los militares”. Lo dice con tal seguridad que los inadvertidos que lo escuchan podrían hasta pensar que sabe de lo que está hablando. Pero como cualquier ecuatoriano apenas informado comprende de inmediato, creer que el gobierno de Guillermo Lasso controla a la judicatura (por no hablar de la simplificación del complejo tema de las relaciones con los militares) es no haber empezado a entender la realidad ecuatoriana ni remotamente. Así arrancó el programa que Iglesias dedicó a la situación del país después de decretada la muerte cruzada. Fueron 45 minutos de desinformación pura.

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