Se lo pintó como una decisión económicamente beneficiosa para la Embajada de Ecuador en España, pero la realidad fue otra. 24 de mayo de 2016, el entonces embajador ecuatoriano en el país europeo, Miguel Calahorrano, remite una carta al entonces canciller Guillaume Long relatando el avance del servicio de asesoría jurídica para migrantes afectados por las deudas hipotecarias y que por las dificultades económicas del país, que además estaba atravesando los embates de un terremoto, se vio obligado a buscar una solución para continuar con el servicio ante la terminación del contrato con Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña por los altos costos.

¿Cuál fue la solución adoptada por Calahorrano? Tomar la iniciativa de gestionar directamente el proyecto, con el auxilio de la empresa Mi País Consultores como gestora administrativa que canalice los pagos de monitores y abogados del servicio, “decisión con la cual se pretende reducir el presupuesto del Servicio de Asesoría Jurídica Hipotecaria”, reza parte de la carta. En efecto, las cifras expuestas con el entonces embajador a Long darían cuenta de un ahorro del 32 % con relación a lo que cobraba Kinema, pero las cifras globales reflejan otra realidad.

La Cooperativa Kinema, con fuertes lazos con el partido español Podemos, afín al entonces mandatario ecuatoriano Rafael Correa, logró alzarse con 2’628.532,42 euros en contratos de asesoría jurídica con la Embajada en un periodo de cuatro años y un mes, entre el 23 de febrero de 2012 al 18 de marzo de 2016 (cuando se firmó el acta de terminación del contrato). Mientras que a Mi País Consultores, la empresa que pasa a reemplazar a Kinema en la prestación del servicio, como cuyo representante legal figura el migrante Walter Jaramillo Mena, pasa a recibir 2’904.781,54 euros en un periodo de un año y siete meses, a partir del 31 de mayo de 2016 cuando se firma el primer contrato, siete días después de la carta de Calahorrano a Long.

Este Diario intentó una vez más conversar con Miguel Calahorrano y Guillaume Long, pero no respondieron.

Si aún queda duda de que la austeridad de la Embajada en ese entonces era un espejismo, basta con realizar una división matemática para concluir que a Mi País Consultores se le pagó en el periodo antes mencionado 152.883,23 euros al mes, mucho más de los 119.414,32 euros que cobraba Kinema y de los 80.742,80 euros que, según la proyección de Calahorrano, iba a empezar a pagar la Embajada mensualmente en medio de esta política de “austeridad”.

Una vez terminado el contrato con Kinema y antes de adjudicarlo oficialmente a Mi País, la Embajada inicia un proceso interno de selección de una nueva empresa en el que participaron cuatro proveedores de servicios jurídicos: Estudio Favero & Kolschinske; Abogados Sin Fronteras; Red Jurídica Sociedad Cooperativa Madrileña; y el Estudio Jurídico de Ana Cobos Pizarro. El proceso fue declarado desierto porque “las aspiraciones económicas de los referidos proveedores superaban en demasía los valores que se venían pagando a Kinema”.

El 31 de mayo de 2016, la Embajada firma el contrato con Mi País. Pese a que la propuesta de Calahorrano era que la Embajada gestione directamente el servicio con el auxilio de una gestora que canalice los pagos de monitoreos y abogados, el acuerdo con el nuevo proveedor es que este preste el servicio de orientación y asesoramiento jurídico individual y colectivo en materia hipotecaria. Y no solo eso. Aparentemente tanto era el interés de cambiar de proveedor que la misma Embajada realizó gestiones para el traspaso de un grupo de abogados de Kinema a la nueva proveedora. Según la cláusula 3.11 del contrato, el 75 % de equipo profesional de Kinema pasó a Mi País Consultores por “su profesionalismo, formación, experiencia y compromiso con el proyecto”.