Varios son los casos de violencia política de género que son de conocimiento público; sin embargo, no todos constan en las estadísticas que se registran en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Socialización, difusión, debate y reformas son parte de las acciones que faltan por ejecutarse.

A partir de la reforma que en 2020 se hizo al Código de la Democracia, la violencia política de género es una infracción electoral muy grave, de acuerdo con el artículo 280 de la normativa. En ella se determinan 13 actos de violencia. Pero esto no solo atañe a las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas; también a las que ejercen cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia.

(Le puede interesar: La Vice a Israel: un arranque delirante de Daniel Noboa)

Hasta el 22 de noviembre, el TCE registra 27 denuncias desde 2020. 12 de ellas fueron sentenciadas: en seis, los infractores fueron sancionados; los restantes seis fueron rechazados por diversas causales, indicó Ivonne Coloma, vicepresidenta y jueza del TCE. El resto de las denuncias aún siguen en el proceso o han sido inadmitidas o fueron archivadas.

Pero ¿a qué se deben los bajos números? La funcionaria expone varias variantes, entre ellas el costo que puede representar contar con un abogado que patrocine su caso, lo cual se convierte en una barrera de acceso; también reconoce que hace falta mayor difusión de la normativa y de las competencias del TCE. Para ello se requiere que se destine un presupuesto.

Porque no basta solo con colocar una denuncia, sino que es necesario el involucramiento social: la colaboración de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, la academia y las entidades gubernamentales, manifiesta Tania Guerrero, abogada y directora ejecutiva de Comuna SAS. “Las instituciones deben comprometerse, pero el aparato estatal no se mueve y se ha normalizado la violencia y el machismo. Esto debe ser atacado desde la educación”.

A esto se suma que las mujeres no creen en el sistema de justicia al igual que ella, expresa Bernarda Ordóñez, exsambleísta, exsecretaria de Derechos Humanos y cofundadora de la Asociación Ciclo Rosada. Por eso prefieren solo denunciarlo en la esfera pública digital: las redes sociales.

Esto, porque la justicia está tan desacreditada que la gente dice: ¿para qué voy a denunciar si se queda en el mero archivo o se queda en el trámite nada más?, denuncia Guerrero. Y es por eso por lo que “con 27 casos, la gente dirá: ¡Wow! Aquí no existe violencia, pero no es así porque sabemos que existen más, pero solo 27 son las que se han dignado en denunciar”.

Ordóñez recuerda que cuando ejerció como asambleísta un colega legislador le cuestionó el color de sus uñas y hasta la llamó quinceañera; no lo denunció. Lo que hizo fue responderle en los mismos términos, dice, porque no cree que todo se lo debe judicializar.

Pero si el hombre busca silenciar las voces de las mujeres, sacarlas de los espacios donde se disputa el poder o si la crítica va dirigida por su aspecto físico, edad, vestimenta, esta no es válida, enfatiza Ordóñez. Con ella concuerda Guerrero, porque a su criterio, el juicio que otro haga a una mujer debe estar basado en la gestión o no gestión y en lo que determina la normativa, es decir, si se hace una crítica a una alcaldesa, esta debe ser a partir de las funciones que indique el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y no por su peso o porque le cae mal o porque no lindera con la misma ideología. “Si se hace esto nos estamos saliendo de la objetividad de la crítica, porque la ley no es moralista, sino que está para castigar la acción u omisión”.

Pero hay violencias de género que deben ser tratadas en otras instancias y no en el TCE, sino en el ámbito penal o en los consejos de igualdad, o en las juntas de protección de derecho; en lo laboral también se puede actuar administrativamente desde el Ministerio de Trabajo, expone Coloma. Aun así, las denuncias ingresan y al verificar el caso, de acuerdo con los parámetros que establece el Código de la Democracia, analizan si debe ser tratado en el TCE o desde otra instancia.

La preparación sobre esta temática debe ser primordial en las organizaciones políticas y quienes se desenvuelvan en la cosa pública, sugiere Ordóñez. Para ello debe ser fundamental la obligación de que se forme a los líderes y a la militancia para que estas prácticas que han sido normalizadas sean erradicadas, manifiesta. Solo así, concluye Guerrero, tendremos líderes con conciencia social y competente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!