El caso se va configurando. El abogado Eduardo Carmigniani asumió la defensa del periodista y cronista de Diario EXPRESO, Roberto Aguilar, en la denuncia por supuesta violencia política planteada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint.

Este lunes, 13 de noviembre de 2023, concluye el plazo para que la funcionaria complete y aclare la denuncia que será sustentada por el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega Caicedo. Recién ahí se conocerá si el reclamo es admitido a trámite por esta instancia electoral.

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Sin embargo, las muestras de preocupación y solidaridad hacia Aguilar no se han hecho esperar. Fundamedios condenó el hecho de que “altas autoridades públicas pretendan coartar el ejercicio de una crítica necesaria a su ejercicio de la función pública, y condena el abuso del Derecho para pretender que, en el caso, se trata de violencia política de género, cuando el editorial critica a Atamaint por su trabajo, sin hacer alusión alguna, directa o indirecta, a su condición de mujer”.

En la misma línea se pronunció el Consejo de Comunicación al señalar que la judicialización a periodistas desde funcionarios públicos no hace sino vulnerar los principios constitucionales sobre los que se fundamenta un Estado democrático, entre los que se incluyen el derecho a opinar y a ejercer una comunicación libre.

“Es indispensable que quienes tienen el poder de administrar justicia precautelen los valores constitucionales, fundamentales de un Estado democrático, así como, apliquen adecuadamente los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agrega un comunicado de este organismo.

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La denuncia es por un artículo de opinión publicado el 27 de julio de 2023 bajo el título de ‘Diana, levántate y anda...’ en el que critica la pasividad de la funcionaria y del organismo que dirige ante la participación en política de personas sentenciadas por la justicia.

Específicamente, acusa de violencia política de género y pide al TCE que se “digne aplicar la máxima sanción determinada, esto es la imposición de la multa de setenta salarios básicos unificados ($ 31.500) y suspensión de derechos de participación y dicte las medidas de reparación integral”, dice el documento.

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