Autoridad Portuaria de Guayaquil: ¿Qué hay detrás de la declaratoria de emergencia?
La APG declaró el estado de emergencia institucional por 60 días ante irregularidades en temas de seguridad
El 25 de agosto de 2025, la APG emitió una resolución oficial declarando el estado de emergencia institucional por 60 días, debido al “peligro inminente” que enfrentan su personal e infraestructura. La medida fue firmada por la gerente Yula Asnic y publicada en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).
La resolución detalla una serie de amenazas y extorsiones perpetradas por grupos delictivos organizados (GDO) contra trabajadores portuarios y empresas vinculadas a la operación marítima. En particular, la compañía PSA Marine Ecuador Harbour Services denunció el 5 de agosto del 2025 que fue contactada por una banda criminal que exigía pagos mensuales a cambio de “seguridad”. En caso de negativa, se amenazó con secuestros de tripulación y personal técnico.
Además, se han registrado asesinatos en el entorno portuario, como el caso de Luis Romero, que se suma a una decena de víctimas desde 2024 según la Asociación de Terminales Portuarios. Esta escalada de violencia ha generado la salida de importantes navieras como Maersk y MSC del Puerto de Guayaquil.
¿Qué es la APG y cuál es su rol estratégico?
La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) es una entidad estatal creada en 1958, encargada de regular, supervisar y garantizar la seguridad de los servicios portuarios en el Puerto Marítimo de Guayaquil. Su misión incluye la administración de infraestructura crítica, la coordinación con concesionarios privados y la protección de operaciones logísticas que sostienen gran parte del comercio exterior ecuatoriano.
Entre sus funciones clave está el monitoreo del tráfico marítimo mediante el sistema VTS (Vessel Traffic Service), que permite rastrear embarcaciones, coordinar maniobras y prevenir incidentes en los canales de navegación. La APG también colabora con la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA) y la Armada del Ecuador en temas de seguridad marítima y control territorial.
Nuevas medidas de control
Ante la declaratoria, la Armada del Ecuador emitió directrices técnicas para reforzar la seguridad en la infraestructura de la APG. Estas incluyen la instalación de cerramientos perimetrales y accesorios de aislamiento en edificaciones sensibles, como la torre del sistema VTS y la Casa de los Prácticos.
La resolución instruye a la Gerencia Financiera de la APG a priorizar recursos humanos y económicos, y a publicar los procesos de contratación derivados de la emergencia en el portal del SERCOP. También se ordena al área de Comunicación Social divulgar los avances y resultados en la página oficial de la entidad.
Aunque se prevé iniciar la instalación de equipos de seguridad en septiembre, hasta el momento no se han asignado recursos específicos para la ejecución de obras. La declaratoria permite agilizar contrataciones bajo régimen especial, pero exige transparencia y rendición de cuentas una vez superada la situación.
La emergencia en la APG no solo afecta la operatividad del puerto más importante del país, sino que pone en evidencia el impacto del crimen organizado en sectores estratégicos. El Puerto Marítimo de Guayaquil moviliza más del 70 % de la carga de exportación e importación del Ecuador, por lo que cualquier interrupción tiene repercusiones económicas y logísticas a nivel nacional.
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