Puerto de Guayaquil declarado en emergencia tras ultimátum de la Armada
La entidad portuaria activó la medida para acelerar obras que la fuerza naval exige para custodiar un sistema de seguridad
La declaratoria de emergencia en la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), emitida bajo resolución el pasado 25 de agosto a través de un documento público, es una medida orientada a acelerar la construcción de infraestructura de seguridad que la Armada del Ecuador exige para custodiar un sistema de control tecnológico. La decisión responde a una fecha límite contractual y a una amenaza extorsiva directa contra un operador.
Antecedentes para declarar la emergencia
El antecedente, según la resolución Nro. APG-APG-2025-048-R del 25 de agosto, fue una alerta recibida el 5 de agosto de 2025. La empresa PSA Marine Ecuador Harbour Services, que moviliza a prácticos y tripulaciones, denunció que una banda criminal que opera en Data Villamil los contactó para exigirles pagos mensuales a cambio de "seguridad". La amenaza consistía en secuestrar al personal y atentar contra las embarcaciones que fondean en la zona.
La amenaza directa a este servicio portuario afectó la planificación de seguridad para un proyecto clave: la instalación del nuevo Sistema de Control de Tráfico Marítimo (VTS) en la "Casa de los Prácticos", ubicada en el área amedrentada.
En respuesta a la APG, la Armada manifestó que no podría asumir la vigilancia y seguridad del VTS si la entidad portuaria no construía primero las medidas de protección física requeridas.
Según informes técnicos citados en la resolución, la solicitud se hizo "de manera emergente e imprevista, toda vez que, en razón de la crecida delincuencia organizada en el sector". El cerco existente se consideró insuficiente.
El contrato para la instalación del VTS tiene como fecha límite septiembre de 2025. Los procedimientos ordinarios de contratación pública excederían ese plazo, por lo que la APG optó por declarar la emergencia para habilitar contrataciones directas que prevengan el "inminente daño o la paralización del servicio público".
Ambas decisiones se sustentan en un contexto de violencia reconocido por el Ejecutivo. La resolución portuaria cita los decretos presidenciales que declararon el estado de excepción en Guayas por "grave conmoción interna" y el "incremento exponencial de asaltos armados, homicidios, abordajes con piratería" en la zona.
La emergencia, con una vigencia de 60 días, busca construir a tiempo la infraestructura para que la Armada custodie el sistema VTS, el cual estaría diseñado para coadyuvar en el combate a la delincuencia en el sector.
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