Aumento de la amenaza de grupos armados transnacionales en Sudamérica

La emboscada registrada el pasado 9 de mayo en la provincia de Orellana, que dejó 11 militares ecuatorianos muertos y un herido, ha puesto en evidencia la creciente amenaza de los grupos armados transnacionales en la región andino-amazónica. El ataque, atribuido al grupo Comandos de la Frontera, ocurrió mientras las Fuerzas Armadas de Ecuador ejecutaban un operativo contra la minería ilegal en el sector de Alto Punino.

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Los atacantes emplearon explosivos, granadas y fusiles de alto calibre. Según reportes de inteligencia, esta disidencia de las extintas FARC mantiene vínculos con organizaciones criminales ecuatorianas como Los Choneros y Los Lobos, lo que refuerza las preocupaciones sobre la expansión del crimen organizado más allá de las fronteras nacionales.

Para el coronel en servicio pasivo Marcelo Flores, el hecho debe ser interpretado como parte de una guerra irregular vinculada al narcotráfico y la minería ilegal, más que como un conflicto internacional. “Tiene sus nexos con el narcotráfico, pero es un hecho que cae en el ámbito de una guerra irregular. El conflicto como tal está en territorio ecuatoriano y no involucra a ningún otro país”, analiza.

Flores también cuestiona la posible fuga de información que permitió una emboscada de tal magnitud, y advirtió sobre el uso de explosivos industriales (comúnmente empleados en minería) para causar la detonación que acabó con la vida de los militares.

Desde Colombia, expertos coinciden en que el impacto del ataque trasciende lo bilateral. “En este momento no existiría una dificultad directa en la relación bilateral, pero sí un problema de estabilidad regional en el marco de la seguridad”, alerta Andrés Nieto, quien es director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central de Colombia.

Nieto advierte que el fenómeno no se limita a las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo o el ELN, sino que responde a la consolidación de nuevas estructuras criminales que buscan controlar cinco economías ilícitas claves: minería ilegal, secuestro exprés, extorsión, trata de personas y tráfico de armamento y municiones en las fronteras sudamericanas.

Mientras tanto, en Colombia, el conflicto armado persiste a pesar de los esfuerzos del presidente Gustavo Petro por avanzar en su política de “paz total”. Los Comandos de la Frontera participan en un proceso de diálogo con el gobierno, aunque sin avances significativos. Está previsto que a finales de mayo se realice el quinto ciclo de negociaciones, en un contexto marcado por la desconfianza y los recientes hechos de violencia.

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La situación se tornó aún más compleja en febrero, cuando el líder del grupo, Andrés Rojas, alias Araña, fue capturado en Bogotá durante una reunión con delegados del gobierno en un hotel de la capital. El episodio generó controversia y debilitó la credibilidad del proceso de paz. “Ya no podemos seguir concibiendo que los problemas de las regiones son aislados. Ahora hablamos de grupos transnacionales organizados de crimen, que no son lo mismo que guerrillas o bandas locales”, advierte Nieto.

Además, recomienda dar seguimiento a grupos que, “aunque no responden a una lógica guerrillera ni buscan enfrentarse directamente al Estado, operan con fines lucrativos”. Un día antes del ataque que dejó 11 militares muertos en Orellana, el Ministerio de Defensa informó sobre importantes avances en la lucha contra la minería ilegal en varias provincias del país. 

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“Según reportes de inteligencia militar y acciones del Bloque de Seguridad, se logró intervenir y controlar actividades ilícitas en las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos, en la frontera norte; así como en Azuay, El Oro y Morona Santiago, en el sur”, aseguró. Durante operativos, las Fuerzas Armadas decomisaron material explosivo, combustible, equipos de comunicación, motores y maquinaria. 

¿Se cae el diálogo de paz?

“Sin duda alguna, este tipo de actuaciones terroristas de ataque contra la fuerza pública, contra la población civil, ya no solo en Colombia sino presuntamente en otros países, demuestra que no hay voluntad de diálogo”, arremete Nieto.

Aunque el presidente Gustavo Petro aseguró en una entrevista con El País que su política de “paz total” avanza de forma positiva, ese optimismo no es compartido por la mayoría de expertos, ni por las comunidades en los territorios que se han visto afectados. “(Petro) Representa a casi más de 50 millones de colombianos (...) , entonces no puede ponerse al frente y pedir cuentas al responsable del operativo”, afirma Flores

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