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La Asamblea sacrifica a Fabricio Villamar para lavarse la cara

El tema de los carnés de discapacidad volvió el Pleno con cinco meses de retraso. El exintegrante de la bancada de CREO será, al parecer, el único legislador sancionado.

William Garzón, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, 23 mar. 21
Informe. William Garzón, presidente de la Comisión de Salud, tiene lista esta intervención desde octubre del año pasado.EXPRESO

La Asamblea Nacional quiere lavar su imagen ante la opinión pública y no encontró mejor manera de hacerlo que ofrecerle un chivo expiatorio: la cabeza de Fabricio Villamar, exintegrante del bloque de CREO, servida en bandeja. De los cuatro legisladores que portan carnet de discapacidad, Villamar, que faltó a la sesión, fue el único al que la Comisión de Salud de la Asamblea acusó de haberlo conseguido “de manera irregular”, con el agravante de que lo usó para obtener ventajas económicas en tributación y en la importación de un vehículo. Este martes, con 125 votos a favor, incluidos los de sus excompañeros de bancada, el Pleno resolvió conformar una comisión especial para tratar su caso. El correísta Rodrigo Collaguazo será su acusador. La idea es simple: echarlo.

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“Luego de ciertos meses de incertidumbre que vivió la Asamblea Nacional después que se calificara a la gran mayoría de asambleístas como discapacitados justamente por el error de unos pocos, el día de hoy esta votación evidencia que la Asamblea Nacional no cubre a nadie, no tapa a nadie y no está comprometida con absolutamente nadie”. La conclusión que el vicepresidente César Solórzano despachó, orgullosísimo, después de la votación, estuvo a tono con los discursos de la tarde: uno tras otro, como si se hubieran puesto de acuerdo, los asambleístas acusaron a los medios de comunicación de haberlos calumniado, de haber publicado que toda la Asamblea o casi toda se había beneficiado de los carnets fraudulentos (cosa que los medios nunca hicieron) y exigieron rectificaciones.

Cinco meses durmió en el escritorio del presidente César Litardo el informe de la Comisión de Salud sobre el tema de los carnets. En él se describen las políticas públicas del gobierno de Lenín Moreno para la atención de discapacitados como un auténtico desastre; se acusa al Ministerio de Salud y al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) de haber permitido el funcionamiento de una auténtica estructura delictiva en el proceso de entrega de carnets; y se exculpa a los asambleístas Israel Cruz, Marcia Arregui y Ramón Terán por haber justificado debidamente la posesión del suyo.

Ni una palabra sobre el caso de Elizabeth Cabezas, cuyo esposo Javier Vaca tiene carnet de discapacidad desde hace 36 años, cuando sufrió un accidente de tránsito que le dejó secuelas físicas que afectan su movilidad. La expresidenta no ha explicado si los dos carros de alta gama que importó Vaca, con beneficios tributarios gracias al carnet, están provistos de accesorios o adaptaciones para movilidad reducida o si son simplemente eso: carros de alta gama. Pudo hacerlo en esta sesión, pero tampoco. Sí criticó, en cambio, a quienes irrespetan la dignidad de las personas (se supone que los medios): “no sabemos -dijo- cuándo una denuncia es fundamentada y no sabemos cuándo definitivamente se plantea sólo con el ámbito de hacer escándalo, de tirar un globo de ensayo sobre una cantidad de realidades que son las que nos deberían concentrar para tratarlas y trabajarlas directamente”. Lo que sea que esto signifique.

En un principio quiso la Comisión de Salud, presidida por William Garzón, someter a juicio político a los exministros de Salud Catalina Andramuño y Juan Carlos Zevallos. En octubre de 2020, cuando el informe de la Comisión fue aprobado y Zevallos se encontraba aún al frente de la cartera, esto parecía tener algún sentido. Ahora, a siete semanas de terminar su período de sesiones, el Pleno parece haber considerado que le falta tiempo. Se impuso la moción presentada por Rodrigo Collaguazo, que centra todo su interés punitivo en Fabricio Villamar.

En otros temas, la Asamblea aprobó también una resolución para condenar “la pesca ilegal de la biodersidad marina de Galápagos y el mundo”. Propuesta por Dallyana Passailaigue hace ocho meses, cuando la flota china merodeaba el mar territorial ecuatoriano llevándoselo todo y llenando de plástico las playas del archipiélago, la resolución fue finalmente aprobada cuando ya es tarde. Pero así son las cosas: estamos a fines de marzo de 2021 y en la Asamblea Nacional es hora de ocuparse de los asuntos de agosto de 2020.

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