El presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), Christian Cruz, fue arrastrado por la Asamblea. 124 legisladores votaron por su censura y destitución; 5 se abstuvieron; ni uno solo, en once horas de sesión continua, salió en su defensa. Los interpelantes, el socialcristiano Henry Kronfle y la oficialista Noralma Zambrano, demostraron sin lugar a dudas razonables su falta de probidad y su incumplimiento de funciones: por disponer de un carnet del Conadis que le atribuye un inverosímil 81 por ciento de discapacidad; por haber usado supuestos documentos falsos para participar en el concurso de méritos y oposición que lo llevó al Consejo; por haberse arrogado funciones privativas del Pleno de ese organismo. Él amenazó, se victimizó, desconoció la legalidad del juicio político, proclamó su inocencia y se autodefinió como una persona con discapacidad que está siendo discriminado por esa causa. Pero evitó pronunciar la cifra del escándalo: 81 por ciento.

Cruz lo intentó todo para evitar la destitución. Incluso la vía judicial. Pero las medidas cautelares que había solicitado le fueron negadas. Que no justificó la gravedad e inminencia de las amenazas contra sus derechos constitucionales, dijo en su sentencia la jueza Henny Barragán. Y que, de concederle una medida cautelar, incurriría en interferencia de la función fiscalizadora. Minutos antes, la Asamblea había emitido un firme comunicado en el que apelaba a la independencia de funciones del Estado y amenazaba con someter a juicio político a cualquiera que osara violarla. Nadie osó.

Sin embargo, los argumentos de Cruz sobre la invalidez de la Comisión de Fiscalización que sustentó el juicio político eran, cuando menos, debatibles. El mismo presidente de la Asamblea, César Litardo, se los entregó en bandeja: había decidido la Asamblea reestructurar la Comisión de Fiscalización y a él se le ocurrió consultar a la Procuraduría sobre la legalidad de ese proceso. El procurador dijo que era ilegal y el Pleno decidió no hacerle caso. Ahora Cruz cita toda la jurisprudencia del mundo sobre el obligatorio cumplimiento de los pronunciamientos del procurador y dice que su juzgador no es competente. En eso se equivoca: su juzgador es el Pleno de la Asamblea; la Comisión apenas si calificó el proceso.

Finalmente fue destituido por arrogación de funciones: Cruz se permitió elaborar dos reglamentos internos por su propia cuenta y riesgo, cosa que solo puede hacer el Pleno del Consejo, según la ley orgánica de ese organismo. Lo demás, lo del carnet de discapacidad (lo dejó muy claro el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio, Peña, durante el debate) es quizá lo más grave pero no es causal de destitución: fue traído a colación con el fin de obtener una censura moral, no política. Y esa censura moral fue lo que más pesó.

“Soy una persona con discapacidad y estoy siendo discriminado al ser objeto de este juicio político”, se victimizó Cruz, como si las discapacidades eximieran a un funcionario de sus responsabilidades políticas. No lo hacen, y menos cuando son ficticias, como las suyas. No, Christian Cruz no tiene, no puede tener una discapacidad auditiva y visual del 81 por ciento: con ese porcentaje estaría imposibilitado de realizar sus actividades cotidianas y necesitaría del apoyo permanente de otra persona, según las guías para la calificación de discapacidades del Ministerio de Salud que leyó el correísta Franklin Samaniego. Y Cruz no sólo que no se encuentra en ese caso, sino que tiene licencia de conducir profesional: la sacó con máxima calificación luego de rendir las pruebas respectivas sin presentar siquiera su carnet de discapacidad.

Que no lo utilizó para importar vehículos ni para beneficiarse de acciones afirmativas, se defendió el funcionario. Lo primero, puede ser. Lo segundo, parece que no: Cruz recibió puntos extras por su supuesta condición en el concurso de méritos para formar parte del CPCCS en 2009. Y, según lo demostró Henry Kronfle, se sirvió de su carnet para obtener beneficios tributarios. Aun así, Cruz defendió a capa y espada su “probidad notoria”. Hasta llevó un certificado de “probidad notoria” aprobado por el más notoriamente probo de los organismos del Estado: el Consejo Nacional Electoral.

Once horas duró la sesión. Los asambleístas implicados en casos de entrega ilegítima de carnet de discapacidad (Fabricio Villamar, Israel Cruz, Marcia Arregui) votaron a favor de la censura y guardaron prudente silencio. Elizabeth Cabezas, cuyo marido se encuentra en el mismo caso, no asistió.