La jueza Henny Barragán negó la medida cautelar solicitada por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Christian Cruz quien buscaba detener el juicio político iniciado en su contra por la Asamblea. Luego de escuchar a la defensa de Cruz, a los patrocinadores de la Asamblea y a quienes presentaron dos amicus curiae la jueza resolvió que no se justificó la gravedad e inminencia de amenaza de vulnerar un derecho constitucional con la interpelación de la Asamblea.

Barragán argumentó que la defensa técnica de Cruz no demostró como o de que manera existiría una amenaza a vulnerar sus derechos con la instauración de un juicio político regulado en la Ley.

Además, señaló que de otorgar la medida requerida se produciría una interferencia en la función fiscalizadora del Legislativo. 

La audiencia se instaló a las 13:00. La defensa de Cruz pidió a la jueza Barragán que en la audiencia ordene que la Asamblea se abstenga de continuar con el juicio político dispuesto en su contra. La acción de medidas cautelares es solo por la amenaza de violación de derechos. Aclaró que no se presentó acción de protección. Reconoció que nadie ha dicho que no debe ser juzgado por sus actos, lo que se pide que sus derechos no sean vulnerados.

La patrocinadora del Legislativo Viviana Cadena indicó a la jueza que cambiar a los miembros de la Comisión de Fiscalización no es vulneración de derechos. Dijo que él fue debidamente notificado por lo que el pedido de su defensa no tiene fundamento.

Recordó que la finalidad de las medidas cautelares es prevenir o interrumpir la violación de los derechos. En este caso, mencionó que lo que se pretende es que interfiera en la facultad fiscalizadora de la Asamblea, que se vulnere la facultad exclusiva en la tarea de fiscalizar los actos políticos de los funcionarios.

Añadió que para impugnar existen mecanismos idóneos, pero la acción presentada por Cruz no es la vía. Por eso pidió se rechace la solicitud de medidas cautelares porque no cumple los requisitos de la ley, no está debidamente motivada la inminencia o gravedad que ocasionarían las resoluciones de la Asamblea.

En la diligencia intervinieron también dos personas con amicus curiae, uno a favor y otro en contra. Pablo Ruiz coordinador del Observatorio de Discapacidad cuestionó las acciones de Cruz en el tema de la obtención del carné de discapacidad que dijo a muchos les ha tomado años de trámite. 

Añadió que, el documento al que tuvo acceso Cruz "ha quitado el derecho a una persona que sí lo necesita de manera urgente". Acotó además que eso se ha prestado para que las personas con discapacidad sena centro de burla. Precisó que "no somos carga para el Estado, seguimos trabajando honestamente". También cuestionó que considerar a una persona con discapacidad como símbolo de corrupción no es justo.

En defensa de Cruz habló Christopher Benavides quien dijo ser abogado con experiencia en derecho constitucional y derechos humanos. Entre otras cosas él le dijo a la jueza que atrás de Cruz no está solo su familia sino la gente que votó por él, no está solo representa a los ecuatorianos al haber sido elegido.

Habló de discriminación por unas expresiones de asambleístas que habrían llamado cobarde al presidente del Consejo por acudir a la justicia para frenar el juicio político en la Asamblea. "Estamos ante la violación flagrante de los derechos del señor Christian Cruz", expresó.