Además de los cadáveres, las familias exigen justicia

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Además de los cadáveres, las familias exigen justicia

Allegados de las víctimas no descartan ir a cortes internacionales. Aún faltan por entregar 8 cuerpos. Rechazan el silencio

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Reclamo. Familiares de víctimas protagonizaron un plantón frente a la cárcel el día que la CIDH visitó el país.GRANASA

Torturados por el silencio. Los familiares de las víctimas en las masacres carcelarias cuentan los días no solo para que se les devuelvan los restos de sus allegados, sino para que el Estado se haga responsable por los daños causados a sus vidas.

Leticia Guaillas aún espera  los resultados de los exámenes de ADN de los restos de su padre Víctor Guaillas, activista ambiental quien además de ser mutilado fue calcinado en la Penitenciaría el 12 de noviembre.

Actualmente está buscando apoyo psicológico y la reparación integral, pues son 11 hijos que quedaron en situación de orfandad. En vista de que no reciben respuestas de las autoridades, han acudido a la Defensoría del Pueblo para que les ayuden con el trámite de su pedido.

Pedidos. Los familiares de las víctimas carcelarias exigen el esclarecimiento de los hechos y que se cumpla con las ayudas prometidas por parte del Gobierno.
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“Hasta el momento no tenemos ningún resultado desde el 12 de noviembre, mi papá cayó el 8 de octubre de 2019, fue detenido en Puerto Inca. Él estaba sin sentencia en firme, lo acusaron de incendiar motos, pero ¿dónde están esas motos quemadas? Lo acusaron de terrorista, pedimos justicia, que se aclare la verdad”.

Señaló que en reiteradas ocasiones pidió que al menos se lo cambie de pabellón porque le negaron el traslado a la cárcel de Cuenca. Esto porque él pertenecía a la comunidad de Molleturo y ahí también viven sus familiares. Sin embargo, nunca fueron atendidas sus solicitudes.

Otro caso es el de Mildred Campuzano, hermana del excontador de Ecuagran, Jhon Campuzano Triviño, empresa relacionada al caso ISSPOL, quien llegó a sumar más de 70 días en prisión a la espera de una audiencia para apelar a la prisión preventiva.

“Nunca escuchó el juez, tres veces cambiaron la audiencia  pero qué irónica la vida, se muere el 13 y la audiencia la dan para el 17, después de morir, a pesar de que se pidió que se avance con la investigación para demostrar su inocencia. Los verdaderos culpables están fuera del país, como si nada”, lamentó.

Por tal motivo están buscando llegar a instancias internacionales “para que vean cómo es la justicia en Ecuador, donde las leyes no valen nada”.

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Mildred protagonizó una protesta en los exteriores de la cárcel el mismo día que los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaron el país para exponer el caso, pero no fue atendida.

Campuzano ya pudo sepultar los restos de su hermano. Este viernes tuvo una reunión para avanzar en los procesos internacionales, mientras que el sábado le hicieron un homenaje a su hermano en conmemoración de su cumpleaños.

La espera de justicia también cruza la frontera, Lucero Ramírez, madre de familia colombiana que ya cuenta con las cenizas de su hijo, dice estar desilusionada de las autoridades ecuatorianas porque no la ayudaron en los gastos fúnebres y que permanecen en silencio frente al esclarecimiento de los hechos.

“Junto con el consulado colombiano me enviaron un correo con un papel para el 50 % de descuento con la funeraria, pero a la funeraria no le dio la gana de cumplir, además estando en Ecuador me amenazaron de muerte por obtener los restos de mi hijo, estoy muy endeudada”.

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Ramírez enfatiza que dejó un poder notariado para que la muerte de su hijo “no quede impune”. Afirma que hay dos compatriotas que aún esperan los restos de sus hijos, quienes no quisieron ser entrevistadas por temor a represalias; una de ellas sufrió un derrame cerebral debido al impacto del proceso.

“Usted no se imagina cómo estamos viviendo el duelo, estamos mal psicológicamente, no nos han asignado ni siquiera un psicólogo de forma virtual”.

  • Proceso de entrega

82 autopsias realizadas

 Un total de 65 cadáveres se registró en la última masacre carcelaria del 12 y 13 de noviembre. Criminalística señaló en un informe que de los 65 cadáveres, se contabilizó 63 cuerpos y 19 piezas anatómicas.

En total hubo que realizar 82 autopsias para posteriormente acoplar a tres víctimas. Se ha identificado a 58 víctimas, 42 por huellas dactilares, 10 por procedimientos antropológicos, 6 por huellas dactilares y Antropología y otras 7 están en un proceso de reconocimiento de ADN debido a la complejidad que generó la quema de los cuerpos. Hasta el momento se han entregado 57 cadáveres a sus familiares. Los que faltan por entregar son 7 que corresponden a los restos incinerados y 1 de los ya identificados. Se conoce que este último corresponde a un extranjero.