La actual Asamblea se despidió con juicio político: ¿Quién fue censurada?
El periodo de la actual Asamblea termina este 13 de mayo de 2025 y, en el día previo, decidió la censura de una exautoridad
En su última sesión, la Asamblea Nacional aprobó la censura de la exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, cerrando así el periodo legislativo de transición iniciado tras la muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso.
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Con 97 votos a favor, el Pleno de la Asamblea resolvió la censura de Hernández. Sin embargo, el proceso se llevó a cabo sin su presencia. La semana anterior, la exfuncionaria había argumentado que se encontraba bajo reposo médico y, por lo tanto, no podía asistir al Pleno.
No obstante, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) autorizó su comparecencia virtual a través de Zoom, pero ella tampoco se conectó ayer. En su lugar, envió nuevamente una carta en la que alegaba un impedimento médico y solicitaba la suspensión del juicio político.
Pese a ello, el Pleno decidió continuar con el proceso. El legislador interpelante, Xavier Jurado, sostuvo que Hernández intentó evitar su enjuiciamiento político mediante diversas argucias.
"Esta Asamblea no puede minimizar el accionar de los funcionarios públicos que están bajo el control de esta Legislatura. Tal es el caso de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, uno de los sectores más importantes de la economía del país", afirmó Jurado.
Al no encontrarse la interpelada el presidente (e) @EckennerR, en cumplimiento de la #LOFL, da paso al proponente del #JuicioPolítico, @Xavier_JuradOK, quien manifiesta que Margarita Hernández no brindó atención al clamor de las organizaciones de la #EconomíaPopularYSolidaria pic.twitter.com/04I6ybSTC1
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) May 13, 2025
Las razones detrás de la censura
El asambleísta Xavier Jurado acusó a Hernández de incumplimiento de funciones, señalando deficiencias en el control y auditoría de las entidades financieras que conforman el sector de la economía popular y solidaria.
Jurado ratificó todas sus acusaciones, argumentando que la exsuperintendenta nunca tuvo la intención de ejercer un control adecuado sobre el sector. Como prueba, mencionó la drástica reducción del personal técnico y operativo de la Superintendencia: de los 500 funcionarios que recibió, actualmente solo quedan 53.
"Con un equipo tan pequeño, no se puede cumplir con el mandato constitucional y legal de supervisar este importante sector de la economía", afirmó Jurado.
Tras la decisión del Pleno, Margarita Hernández no podrá ocupar cargos públicos durante los próximos dos años. Con esta resolución, la Asamblea, que estará en funciones hasta el 13 de mayo de 2025, concluyó el último juicio político llevado desde la Comisión de Fiscalización hasta el Pleno.
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