Termina Asamblea de transición: un dilema entre la cantidad de leyes y su calidad

En la actual Asamblea Nacional se privilegia la cantidad de leyes aprobadas. Esa es la evaluación en la que coinciden los legisladores que están por concluir sus funciones. Sin embargo, expertos advierten que no solo se trata del número de leyes aprobadas, sino también de su calidad y de cómo estas se convierten, efectivamente, en políticas públicas.

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Hoy se cierra el ciclo legislativo derivado de la primera muerte cruzada decretada por un presidente de la República. Ocurrió el 17 de mayo de 2023, cuando el entonces mandatario, Guillermo Lasso, la aplicó antes de que se consumara un juicio político en su contra que amenazaba con su censura y destitución.

Esa mañana, los legisladores se encontraron con un Parlamento cercado y bajo resguardo policial. Fue el primer paso de un proceso de transición que culminó con la elección de un nuevo presidente de la República y 137 asambleístas.

Para evaluar la Asamblea que hoy culmina su período de transición, hay que considerar dos momentos claves, según el experto en Derecho Parlamentario Gonzalo Muñoz. El primero fue el acuerdo de gobernabilidad entre ADN (oficialismo), el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), que permitió la aprobación de cinco proyectos económicos urgentes entre noviembre y marzo de 2024.

No obstante, como recuerda Muñoz, un punto de quiebre se produjo con el ingreso de la Policía Nacional a la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por cohecho.

Desde entonces, se volvió tensa la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo (donde el correísmo tenía la primera minoría). Así, por ejemplo, en mayo del año anterior comenzó una disputa que derivó en el veto total a 17 proyectos de ley aprobados en el Parlamento.

A pesar de ello, los legisladores defienden su gestión con un argumento central: la cantidad de leyes aprobadas, tanto durante la presidencia de Henry Kronfle como en el período en que Viviana Veloz (correísmo) lideró la Asamblea.

La propia Veloz presentó un informe de sus labores el pasado 8 de mayo, destacando que desde noviembre de 2023 se aprobaron 60 leyes, 30 en cada presidencia. Pero entonces arremetió contra el Ejecutivo. “Esta Asamblea ha estado a la altura de las circunstancias. Si alguien le está debiendo al Ecuador es el nivel y la calidad de ejecución de estas leyes y de los marcos normativos por parte de la Función Ejecutiva”, afirmó.

La cifra de leyes aprobadas es defendida no solo por el correísmo, sino también por otros legisladores, como Camilo Salinas, de Construye. “Sesenta leyes aprobadas. Una planificación desde el inicio por parte de Henry Kronfle. Se hizo un cronograma de prioridades en el tema social, económico y de seguridad. Es bastante en cerca de 17 meses”, sostuvo.

Por su parte, el asambleísta del correísmo Franklin Samaniego subrayó: “La Asamblea ha llegado a 60 proyectos. Pero, más allá de lo cuantitativo, el tema cualitativo es importante. Aunque hay deudas como la fiscalización”.

Con esto último, Samaniego se refirió a los juicios políticos contra funcionarios del gobierno de Daniel Noboa que no terminaron en censura. Dos fueron trascendentales: la interpelación a la canciller Gabriela Sommerfeld y la realizada a la exministra del Interior Mónica Palencia.

¿Cantidad es igual a calidad?

Cantidad no siempre es sinónimo de calidad, reiteró el coordinador del Observatorio Legislativo, Roger Celi. Él planteó un primer elemento de análisis: de las 60 leyes aprobadas, según la organización, el 70 % corresponde a proyectos de períodos legislativos anteriores.

Es decir, a su criterio, el balance no es positivo si se considera la agenda legislativa establecida por Kronfle. “Si vemos lo que presentaron los actuales legisladores, apenas 12 (proyectos) fueron aprobados”, precisó Celi.

También resaltó otro elemento: la mayoría de las leyes aprobadas no abordaron temas polémicos, sino demandas ciudadanas largamente esperadas.

COPINA, otras vez en suspenso

No obstante, el período legislativo sí trató asuntos complejos. Entre ellos, el Código Orgánico de Protección Integral a los Niños y Adolescentes (Copina). Sin embargo, no se logró definir las reformas laborales ni las modificaciones al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En su última sesión, la Asamblea dejó para su debate el Copina. Ayer estaba previsto su tratamiento y, como explicó la ponente, Pierina Correa (correísmo), se consideraba la posibilidad de que el documento regresara a la Comisión de la Niñez, a pesar de que ya había pasado por ella en 2021.

Al final, ese Código no logró los votos requeridos para su aprobación y nuevamente quedó en suspenso. La nueva Asamblea, como las dos anteriores, tendrá que abordarla para ver si, después de seis años, logra aprobarse. 

Para Celi, un aspecto decisivo es que presentar más proyectos de ley no se traduce necesariamente en una mejor calidad legislativa. “Después de aprobadas, se ven vetos totales, leyes no implementadas o ignoradas. Tampoco se generan políticas públicas ni se presupuestan. Eso evidencia problemas en la calidad parlamentaria”, concluyó.

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