“Esta mujer tiene que primero denunciar ante su mamá”: la asambleísta socialcristiana Geraldine Weber dejó boquiabierta a la insistente periodista de la radio de la Asamblea y se escabulló hacia el salón del Pleno donde estaba por arrancar el debate final de la ley que garantiza el acceso al aborto en casos de embarazo por violación. Con “esta mujer” se refería a las niñas embarazadas, a quienes quiere obligar a presentar denuncia contra sus violadores aunque sean sus padres. Puso así, con toda la crudeza de la que es capaz, el dedo en la llaga de uno de los nudos críticos de un proyecto de ley que continúa sin hallar consenso. Al cabo de una extenuante sesión de ocho horas y media, las posiciones continúan irreductibles. Concluido el debate, el proyecto de ley regresó a la Comisión de Justicia para la elaboración del informe final que, con pronóstico reservado, será sometido a votación la próxima semana.

Weber hace parte de un nutrido grupo de legisladores que parece haber equivocado el tema de debate: en una ley cuyo cometido es establecer los parámetros de aplicación de la práctica del aborto en casos de embarazo por violación (despenalizada ya por la Corte Constitucional), ellos piden la adopción de medidas punitivas contra los violadores: cadena perpetua, pena de muerte, castración química... Y quieren que sus víctimas tengan que levantar una denuncia como requisito para practicarse el aborto. Salvador Quishpe, de Pachakutik, que pertenece a este grupo, incluso propone dictar políticas educativas (no se molestó en especificar cuáles) que enseñen a las niñas violadas a denunciar a sus agresores sin miedo ni vergüenza. El proyecto de ley, en cambio, sustituye esta obligación por un simple formulario que serviría como noticia del crimen y cuya presentación ante la Fiscalía corre por cuenta del centro de salud. De esta manera, dicen sus defensores, se evita la revictimización de las mujeres violadas, especialmente cuando se trata de menores de edad, y se permite un acceso al aborto libre de trámites judiciales y burocráticos.

La cuestión de la denuncia judicial; el problema de la patria potestad, que el proyecto soslaya para facilitar el proceso en caso de violaciones en el seno de la familia; el debate sobre la objeción de conciencia de los médicos, que los defensores de la ley quieren individual y algunos asambleístas proponen que sea corporativa; y sobre todo el tema de los plazos dentro de los cuales permitir la práctica del aborto: son los puntos de discusión en los que no parece haber mucho margen para los consensos.

Al mediodía, cuando el debate no había llegado ni a la mitad y, sin embargo, se encontraba ya en un punto muerto, la asambleísta ponente de la ley, Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática, propuso un mecanismo para destrabar la situación: someter el proyecto a dos votaciones, una para el artículo 19, donde se contemplan los plazos, y otra para todo lo demás. La moción, sobre la que el Pleno decidirá la próxima semana, parece indicar que Moreira perdió las esperanzas de ver aprobada su propuesta de plazos, que es de 20 semanas para mujeres mayores de edad y 22 para las menores.

¿Novedades? Pocas. La leguleyada del socialcristiano Esteban Torres para conducir al Pleno hacia el limbo de la inacción fue la más vistosa. Según él, la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en casos de violación nomás dispone que la Asamblea “conozca y discuta” el proyecto de ley; no dice “apruebe”. Así las cosas, conocido y discutido el proyecto, el Pleno ha cumplido ya con sus obligaciones. No hace falta ni votar. ¿Cómo quedaría, en ese caso, la situación de las mujeres embarazadas por sus violadores? Eso no es problema que concierna a Torres. Le basta con hallar la figura jurídica para salir del paso.

En el debate sobre los plazos, la oficialista Nathalie Arias defendió la tesis del informe de minoría, que tendrá que discutirse en el Pleno en caso de que el proyecto que defiende Moreira no se apruebe: seis semanas para las menores de 14 años (porque en ese punto del desarrollo uterino el corazón da su primer latido, dijo) y 12 semanas para las mayores, porque es entonces cuando el feto empieza a sentir dolor. Una argumentación con apariencia científica pero que no pasa de alegórica, con su poética alusión al “primer latido del corazón” como fundamento de la vida. Primer latido que, sin embargo, pasa a segundo plano si la madre tiene 15 años. “Esa es la fecha -añadió confusamente Arias- que en promedio puede evitarse una intervención quirúrgica”. No quedó claro si se refería a la semana seis o a la 12.

Lo demás fue lo de siempre: arremetieron los antiaborto contra la Corte Constitucional, a la que acusan de exceder sus funciones y de violar la independencia de poderes; abundaron los excesos retóricos a lado y lado; negó el independiente Omar Cevallos “el derecho de las mujeres a controlar su propio cuerpo”; aseguró la correísta Paola Cabezas que a las mujeres negras no les venden paracetamol porque son negras; inventó la socialcristiana Nathalie Viteri que el cloruro de sodio es un abortivo eficaz y zanjó la discusión al grito de “Si no quiero tener un bebé entonces tomo un método anticonceptivo antes”; hubo quien se negó a considerar el aborto como un tema de salud pública con el argumento de que “el embarazo no es una enfermedad” y no faltó el que se prosternó para elevar invocaciones al “Señor todopoderoso, el Rey de reyes, el Señor de señores, el dueño de la leche y de la miel de quien dependen las vidas de los seres humanos del planeta”. Amén.