La Fiscalía tenía previsto formular cargos en contra del exvicepresidente Jorge Glas, Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico por un presunto delito de peculado. La diligencia había sido convocada por el juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Rivera (quien en su momento formó parte del tribunal que anuló la sentencia de peculado en el caso Singue) y debía instalarse a las 08:30 de este miércoles 8 de septiembre de 2023. 

Sin embargo, tras la constatación de la presencia de las partes procesales se confirmó que ni Glas ni su abogado Andrés Villegas estaban presentes en la sala de audiencias, tampoco se conectaron de forma telemática como sí lo hicieron otras partes procesales. 

En su lugar Villegas envió un certificado médico en el que se diagnostica que tiene choque anafiláctico no especificado y dermatitis atópica, motivaciones que le impiden intervenir en la diligencia. Recibió tres días de reposo. (LEA ADEMÁS: "El dinero para reconstruir a Manabí y Esmeraldas se acabó, según César Rohon")

La fiscal Diana Salazar revisó el certificado y expuso que existen inconsistencias como el rótulo de identificación una clínica privada pero la firma de un médico con el sello del Ministerio de Salud y por esa razón pidió se verifique la autenticidad del documento. Además, indicó que la razón que establece el médico como problema de salud del defensor de Glas "es una alergia" y eso "da cuenta que necesitan es evadir y eludir la acción de la justicia y dilatar esta diligencia". 

Pidió instalar la audiencia con la presencia del defensor público Diego Jaya quien en su exposición dijo que no estaba preparado para asumir la defensa y que como Glas tenía abogado de confianza, su intervención afectaría los derechos del sospechoso. Los defensores de Bernal y Ortiz se sumaron al pedido de diferimiento de la diligencia que hizo la defensa de Glas.

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El juez Rivera difirió la audiencia no sin antes evidenciar que le llama la atención que el certificado es de un médico privado y le dio 48 horas para que acredite si es que es o no una simple alergia o realimente impidió al defensor estar presente en la audiencia. También ofreció que fijará nueva fecha y para ese día espera que concurra la defensa de Glas. De no hacerlo, se instalará la diligencia con la la Defensoría Pública y le pidió al abogado Jaya que analice los 44 cuerpos del caso. 

Según la Fiscalía, su investigación determinó la presunta existencia de un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016.

La denuncia fue presentada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (T) quien expuso hechos relacionados al abuso de dineros públicos, utilizando fondos de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto.

En el caso existe además un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría que hizo un examen especial a los contratos suscritos para la Construcción del Parque Las Vegas, ubicado en Portoviejo y, la Construcción del proyecto tramo Acceso al Puerto de Manta, redondel del Imperio Colisa, cuyo financiamiento provino de los fondos de Ley de Solidaridad, que eran específicos para enfrentar las consecuencias del terremoto, señala la Fiscalía.

Segundo García, uno de los defensores del caso señaló que en el caso no existen sobreprecios, ni que no se hayan efectuado las inversiones. "Simplemente dicen que no se tenían que hacer ciertas obras porque no eran necesarias. La reactivación productiva después de cualquier desastre es importante y en eso es en lo que nosotros vamos a anclar nuestra defensa", señaló García.

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