Hasta el próximo 23 de agosto tiene la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, sentenciada por concusión en un caso de cobro de diezmos a sus colaboradores cuando era asambleísta, para pagar 43.295,04 dólares como reparación integral. Está en el mandato de ejecución de la sentencia que fue dictado el pasado 19 de junio.

La Procuraduría debía consignar la cuenta bancaria para el depósito. EXPRESO consultó a ese organismo sobre el cumplimiento de la disposición. Se ofreció una respuesta que seguimos esperando.

Vicuña fue condenada a un año de cárcel el 30 de enero de 2020 por ser considerada autora del delito de concusión sancionado en el artículo 264, inciso primero, del derogado Código Penal (CP). Inicialmente, a manera de reparación integral, se le condenó al pago de 173.180.16 dólares. Ella apeló pero su recurso fue negado en enero de 2021. Se aceptó parcialmente las apelaciones de la Fiscalía y Procuraduría y se reformó la sentencia en torno a la pena que se modificó a dos años de prisión y multa de 40,00 dólares. 

Presentó casación y en diciembre de 2022 la Corte Nacional impuso un año de condena y aceptó su pedido de suspensión condicional de la pena lo que le evitó que sea encarcelada. A cambio de no ir a la cárcel se le ordenó el cumplimiento de una serie de condiciones. Ellas son: residir en un domicilio determinado, que debe ser conocido por el juez de garantías penitenciarias, no salir del país sin previa autorización del juez de garantías penitenciarias, pagar la reparación integral y presentarse cada ocho días ante el juez para acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas. Además, no debe ser reincidente.

Todo eso en el plazo de un año que empezó a correr el 8 de diciembre de 2022. Si es que ella no cumple corre el riesgo de que quede sin efecto la suspensión condicional concedida y se ejecute la pena privativa de libertad. 

En el mandato de ejecución también se señala que hasta el 8 de diciembre de 2023 la exvicepresidenta tiene prohibición de salida del país y pérdida de derechos políticos. La disposición consta en el mandato de ejecución de la condena que recibió la exfuncionaria. La Corte notificó a la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional para que registre la prohibición de salida del país y al Consejo Nacional Electoral, para que tome nota de la pérdida de los derechos políticos.