Comienza otro año sin que se haya impartido justicia en una docena de casos que involucran a funcionarios públicos o que han recibido notoriedad.

Uno es el expediente por supuesta rebelión en contra de la prefecta Paola Pabón, el exasambleísta Virgilio Hernández y el correísta Christian González. En agosto de 2020 fueron llamados a juicio, pero la audiencia no se ha instalado.

Su caso se deriva de las protestas violentas de octubre del 2019. Pese a ser un hecho que causó conmoción social, la justicia aún no fija la fecha para el inicio del juicio. Mientras, la funcionaria usa grillete electrónico y no puede salir del país.

En el caso Yunda tampoco hay fecha para la audiencia. De hecho, ni siquiera se conoce qué pasará con el proceso.

La última acción jurídica fue la recusación en contra del juez Fabián Fabara, que fue aceptada por los jueces Wilson Lema y Patlova Guerra. Esto hizo que la audiencia de juzgamiento se suspenda cuando ya había avanzado 15 días. Fabara aún puede apelar y lograr que la competencia del expediente le sea devuelta. Pero mientras esto no se analice y resuelva, el caso seguirá congelado.

Desde junio de 2021, la exasambleísta Norma Vallejo espera que la Corte Nacional fije la fecha para la audiencia de casación. Ella fue sentenciada por concusión en el denominado caso del cobro de diezmos.

Recibió una sentencia de 12 meses de cárcel en la primera instancia. Pero en la segunda instancia se aumentó al doble. Hoy, esos 24 meses de prisión no pueden ejecutarse mientras la casación no se despache.

En su caso, además, ocurre que Vallejo es una paciente catastrófica, por el cáncer que padece. La Constitución señala que debe recibir un trato prioritario. Pero no es el caso.

La lista sigue con el caso Singue, en el que está involucrado el exvicepresidente Jorge Glas. La audiencia de apelación a la sentencia tenía que darse el pasado 2 de diciembre, pero se postergó y no se sabe para cuándo. La razón fue que la abogada de Glas dijo que tenía un quebranto de salud y necesitaba cuatro días de reposo.

La exvicepresidenta Alejandra Vicuña también espera desde marzo que le fijen una audiencia de casación. Ella también está señalada en otro caso vinculado a diezmos.

Otro proceso que se dilata en el tiempo es el juicio contra Ola Bini. El expediente lleva abierto desde abril de 2019. Aunque en su caso ya hay fecha para audiencia. Lo mismo ocurre con una docena del caso Isspol, por las compras irregulares durante la pandemia.

En algunos casos, como en el de los expedientes abiertos por posible peculado por las inversiones riesgosas efectuadas con alrededor de 900 millones de dólares de los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), entre el 10 y 12 de enero se harán las audiencias por falsedad de información y por posible peculado.

En el primer caso es la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y en el segundo la apelación de la prisión dictada para Luis Álvarez, Luis Domínguez y Jorge Chérrez Miño. Otra diligencia en el mismo caso será el 18 de enero por falsedad documental.

Para el 10 de enero también se ha convocado la recepción de dos testimonios anticipados en la instrucción fiscal que se sigue contra la exjueza María Belén Domínguez, que concedió parcialmente una acción de protección al exalcalde Jorge Yunda, quien quería evitar que se ejecutoríe su remoción de la Alcaldía, resuelta por 14 concejales el 3 de junio de 2021.

Entre el 10 y 20 de enero, 28 sospechosos de posible sabotaje por el incendio a la Contraloría registrado en octubre de 2019 serán juzgados en Quito.

Para el 18 de enero se ha convocado el juicio en contra de la exsecretaria de Riesgos Alexandra Ocles y otros por posible tráfico de influencias en la compra de 7.000 kits alimenticios para personas de sectores vulnerables durante el confinamiento de 2020.

Entre el 19 y el 21 se ha programado el juicio en contra del informático sueco Ola Bini, llamado a juicio por acceso no consentido a sistemas informáticos. Mientras que para el 24 de enero se ha convocado a la audiencia preparatoria de juicio para la exfiscal de Guayas Patricia Morejón, el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera y el empresario español Jonás Gonseth, acusados de posible tráfico de influencias. En este 2022 se espera que estos casos tengan un final.

EL DETALLE

• Acción. Los procesos por supuesto peculado, concusión, rebelión, etc. se acarrean desde 2019.

LA CIFRA 

8 casos polémicos tienen fijada una audiencia para enero, tres para febrero y uno para abril.