Revocación de ciudadanía en EE. UU.: aprueban nueva medida para naturalizados

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido una nueva directriz que marca un endurecimiento en las políticas migratorias, al priorizar la revocación de la ciudadanía de estadounidenses naturalizados que hayan cometido delitos graves. Esta medida, implementada bajo la administración del presidente Donald Trump, busca reforzar la seguridad nacional y la integridad del proceso de naturalización, según un memorando oficial fechado en junio de 2025.

Desnaturalización como herramienta de seguridad nacional

La nueva política, liderada por el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, establece que la División Civil del Departamento de Justicia enfocará sus esfuerzos en casos de desnaturalización de individuos que representen amenazas a la seguridad nacional, hayan cometido crímenes violentos o participado en fraudes durante el proceso de obtención de la ciudadanía. Entre los delitos señalados se incluyen: terrorismo, crímenes de guerra, violaciones graves de derechos humanos, tráfico de personas, delitos sexuales y fraudes financieros significativos, como aquellos relacionados con el Programa de Protección de Salarios o Medicare.

A diferencia de los procedimientos penales, los casos de desnaturalización se tramitarán como litigios civiles, lo que implica que los afectados no tendrán derecho a un abogado de oficio. Esta disposición ha generado preocupación entre expertos en derechos civiles, quienes advierten que la medida podría vulnerar el debido proceso y crear una categoría de ciudadanía de "segunda clase" para los naturalizados. Cassandra Robertson, profesora de derecho constitucional en la Universidad Case Western Reserve, señaló que el uso de procesos civiles facilita la revocación al reducir la carga de prueba requerida por el gobierno.

Preocupaciones por el debido proceso y el impacto familiar

Un caso reciente ilustra la aplicación de esta política: el 13 de junio de 2025, una corte federal en Louisiana ordenó la desnaturalización de Elliott Duke, un ciudadano naturalizado originario del Reino Unido, por no haber revelado una condena previa por distribución de material de abuso sexual infantil durante su proceso de naturalización. Este precedente sugiere que el Departamento de Justicia está actuando con celeridad para implementar la directiva.

La medida ha generado un intenso debate. Defensores, como Hans von Spakovsky de la Fundación Heritage, argumentan que es una herramienta necesaria para garantizar que solo aquellos que respeten las leyes estadounidenses mantengan el privilegio de la ciudadanía. Por otro lado, críticos como Steve Lubet, profesor emérito de la Universidad Northwestern, alertan sobre un posible "efecto dominó" en las familias, especialmente en hijos que obtuvieron la ciudadanía a través de sus padres naturalizados, quienes podrían quedar en un limbo legal.

La administración Trump ha enfatizado que esta medida busca proteger el sistema de naturalización, pero las implicaciones para los derechos de los ciudadanos naturalizados y sus familias continúan siendo un punto de controversia. Organizaciones de derechos civiles han anunciado que vigilarán de cerca la implementación de esta política, mientras el debate sobre la equidad y proporcionalidad de la desnaturalización se intensifica

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