¿Fin de la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.? Efectos de la decisión
Fallo de Corte Suprema abre paso a orden de Trump que limita ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes
Un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos ha sacudido los cimientos de uno de los principios más arraigados del país norteamericano: la ciudadanía por nacimiento. La decisión del 27 de junio, que restringe la capacidad de los tribunales federales para emitir medidas cautelares de alcance nacional, ha allanado el camino para que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, destinada a limitar este derecho para los hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal, pueda entrar en vigor parcialmente.
La orden ejecutiva, firmada por Trump en enero de 2025, busca reinterpretar la Enmienda, argumentando que los hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales no estarían sujetos a esta jurisdicción de Estados Unidos y, por tanto, no tendrían derecho automático a la ciudadanía.
¿Qué cambia con el fallo?
El fallo no significa que la ciudadanía por nacimiento haya sido eliminada, pero sí allana el camino para que la orden de Trump pueda implementarse parcialmente a finales de julio, cuando expire el plazo de 30 días otorgado por la Corte para que los tribunales inferiores revisen el caso. Durante este período, se espera que se presenten demandas colectivas en estados como Maryland y New Hampshire para intentar frenar la medida.
Si la orden entra en vigor, los bebés nacidos de padres indocumentados o con estatus temporal podrían quedar en un limbo legal, sin acceso automático a la ciudadanía estadounidense. Esto implicaría que no recibirían certificados de nacimiento ni números de Seguro Social, lo que limitaría su acceso a derechos fundamentales como educación, atención médica y empleo formal.
Un precedente histórico en riesgo
La ciudadanía por nacimiento está consagrada en la 14 Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil para garantizar la nacionalidad a los hijos de esclavos liberados. En 1898 se reafirmó que este derecho aplicaba a toda persona nacida en territorio estadounidense, con excepciones limitadas, como los hijos de diplomáticos. La orden de Trump desafía esta interpretación al sostener que los inmigrantes indocumentados no están plenamente sujetos a la jurisdicción de EE. UU., un argumento que la mayoría de los juristas considera débil y contrario a la tradición legal del país.
El fallo de la Corte Suprema, se centró en limitar las medidas cautelares nacionales, argumentando que los tribunales inferiores excedieron su autoridad al bloquear la orden de Trump en todo el país. Las juezas liberales, lideradas por Sonia Sotomayor, califican la decisión como una "burla" que podría debilitar el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial.
Impacto en las familias inmigrantes
La posible implementación de la orden ejecutiva generaría un impacto significativo en comunidades inmigrantes. Los niños nacidos bajo estas nuevas reglas podrían heredar el estatus migratorio temporal de sus padres, lo que los dejaría en una posición vulnerable, sin acceso a beneficios sociales y enfrentando barreras para integrarse plenamente en la sociedad estadounidense.
Además, la incertidumbre legal podría complicar procesos administrativos, como la emisión de números de Seguro Social. Expertos advierten que la Administración del Seguro Social tendría que modificar sus procedimientos, lo que podría generar caos en las oficinas locales y costos significativos para el gobierno.
¿Qué sigue?
El futuro de la ciudadanía por nacimiento sigue en manos de los tribunales inferiores, que ahora deben evaluar la constitucionalidad de la orden de Trump. Si estos tribunales fallan en contra de la medida, el caso podría regresar a la Corte Suprema para una decisión definitiva, posiblemente en los próximos uno o dos años. Mientras tanto, las familias afectadas enfrentan un panorama de incertidumbre, con el riesgo de que miles de niños nacidos durante este período queden sin ciudadanía automática.
En resumen, la Corte Suprema ha facilitado la posible aplicación parcial de la orden al reducir las restricciones de los tribunales inferiores, pero no ha dado luz verde definitiva. La implementación total depende de cómo avancen las batallas legales en los tribunales inferiores y, eventualmente, de un futuro pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la medida.
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