Las inconformidades de las comunidades de Itulcachi, El Belén, Inga Bajo y Santana vienen desde 2019, por el botadero de basura de El Inga, administrado por la Empresa Metropolitana de Gestión de Residuos (Emgirs) en el suroriente de Quito, pero no fue hasta ayer que la situación se tornó violenta.

Según Jorge Pineda, presidente de Itulcachi, son al menos 10.000 los comuneros perjudicados por la basura de toda la ciudad. “Actualmente estamos recibiendo malos tratos, persecución e incumplimiento de compromisos”, comentó a EXPRESO. Decenas de personas se apostaron en la puerta de la planta para evitar el paso de los camiones cargados con los desperdicios. Colocaron carpas para continuar con el plantón que inició el domingo.

También llegó un grupo de policías antimotines y agentes metropolitanos que terminaron enfrentándose con los comuneros. Los protestantes con palos y piedras y los uniformados con gas pimienta, gas lacrimógeno y toletes.

“Usaron las fuerzas públicas por defender la vida y el ambiente. Fuimos atropellados, incluso niños y tercera edad”, dijo Leonel Ramírez, presidente de El Inga Bajo.

Los manifestantes radicalizaron su postura y se tomaron la vía E35 con llantas encendidas. Se fueron contra los camiones que intentaban llegar al relleno sanitario. “Nos declaramos en rebeldía”, dijeron.

Entre sus pedidos está el cumplimiento de las compensaciones económicas para las comunidades, por el daño al ambiente, acuerdo al que se había llegado con la entidad, pero que desde 2019 no han recibido, según Carlos Mora, también dirigente de Itulcachi.

“Hace tres semanas cambiaron de gerente y volvimos a cero con estos proyectos”, dijo. Estos recursos son utilizados para el mejoramiento vial de las comunidades, así como para la implementación de programas de salud y educación.

Pero el problema con el que han lidiado desde hace varios años es la contaminación. “La basura genera malos olores y nuestros ríos están contaminados por los lixiviados”, insistió.

En agosto de 2021, el Ministerio de Ambiente abrió un proceso sancionatorio por el manejo de este relleno porque había evidencias de que en el relleno se habrían cometido graves violaciones al Código del Ambiente. En dos inspecciones realizadas en julio a la planta de procesamiento de basura se descubrió que se estaría incumpliendo el plan de manejo ambiental y “los límites permisibles sobre vertidos, descargas y emisiones”.

Estos vertidos son los que los moradores han visto en el río Inga, que luego pasa por Pifo y posteriormente alimenta al río Guayllabamba. Según los dirigentes, no se han hecho correcciones a estas observaciones, puesto que aún se estarían botando los lixiviados al río. “Eso conlleva a la presencia de gallinazos y de ratas. Los roedores se meten a nuestras casas. Es un problema de décadas”, insistió Mora.

Maricruz Hernández, gerente de Emgirs, reconoció que dichas compensaciones no se han entregado porque ha habido observaciones de la Contraloría e insistió que aún se están definiendo los mecanismos para entregar los 2,5 millones de dólares a los comuneros.

“En las administraciones pasadas no ha habido socialización de los procesos, pero es necesario que esté claro porque son recursos públicos”, agregó.

Explicó que estos recursos son anuales y que ya existen planes de inversión. “No se pretende detener los procesos que ya están en marcha”, dijo.

Anunció un plan de acción para corregir las observaciones. “No estamos descargando lixiviados al río. Las remediaciones ambientales están en curso”, insistió. También expresó que para estas remediaciones se contrató una empresa, pero advirtió que el impedimento del paso a los camiones es perjudicial para el funcionamiento de la planta, puesto que los desperdicios se “están acumulando en las estaciones de transferencia”.