Apenas se cruza el peaje de El Inga, en el suroriente de Quito, se percibe un penetrante olor a basura que traspasa los tapabocas.

Los 10.000 habitantes del sector están acostumbrados a la pestilencia a pesar de las migrañas que les ocasiona el relleno sanitario que lleva el mismo nombre y que está a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs).

“Hace 18 años aguantamos esto. Hemos reclamado, nos hemos reunido, pero sin soluciones”, dice Juan Manuel Simbaña, un líder barrial de la zona.

Por allí pasa el río Inga, que décadas atrás, era el sitio de esparcimiento de las comunidades de Itulcachi, El Belén, Santana y El Inga Bajo. Desde que funciona el relleno, el agua ya no es apta “ni para lavar la ropa como antes porque allí van a parar los lixiviados”, dice la moradora Gabriela Rodríguez.

La acusación de que se arroja al ambiente los lixiviados ha sido negada por la Emgirs.

Sin embargo, ayer el Ministerio del Ambiente abrió un proceso sancionatorio por el manejo de este relleno. El ente de control investigará si se han vertido estos líquidos altamente tóxicos, ya que resulta de la descomposición de la basura.

Fernando Moya, director zonal del ministerio, indicó a este Diario que hay evidencias de que en el relleno sanitario se habrían cometido graves violaciones al Código del Ambiente.

En dos inspecciones realizadas en julio a la planta de procesamiento de basura, descubrió que se estaría incumpliendo el plan de manejo ambiental. Además, se habrían incumplido “los límites permisibles sobre vertidos, descargas y emisiones”.

Estos vertidos son los que los moradores han visto en el río Inga, el cual pasa por Pifo y posteriormente alimenta al río Guayllabamba. Ese trayecto sirve de riego para decenas de plantaciones.

Estos incumplimientos se cometerían en las noches, según Simbaña.

En la inspección realizada entre la medianoche del 29 y madrugada del 30 de julio, los técnicos del Ministerio del Ambiente encontraron una tubería que daba a la quebrada. “Habían vertido algún líquido negro. Hallamos una espuma en la cuneta del relleno sanitario, que no es normal”, dijo Moya. El informe técnico al que tuvo acceso este Diario señala que “se visualizó una descarga líquida oscura, no tratada, la cual presuntamente correspondía al lixiviado”. El suelo alrededor del desagüe estaba oscuro. “Dicha descarga se encuentra ubicada en la quebrada que tiene dirección al río Inga”, agrega el documento.

“No estamos locos”, expresa Gabriela Rodríguez, mientras habla sobre una nueva piscina formada en el cubeto 4. Esa también consta en el informe.

Moya aclara que la empresa municipal debía informar sobre esta edificación al ministerio, pues la obra tampoco es parte del plan de acción.

Desde la entidad municipal se defiende la gestión. El asesor gerencial, Raúl Tapia, señala que el informe del ministerio es “una inspección visual sin acompañamiento técnico” y que no es pertinente hablar de una afectación ambiental hasta que no se haga una verificación.

Código orgánico ambiental:

• El trámite: El artículo 317, numeral 15, dice que es una infracción ambiental grave cuando no se cuenta con la autorización administrativa obligatoria para la gestión de sustancias químicas peligrosas “y la generación de desechos peligrosos”.
• La sanción: Según el Ministerio de Defensa, la Emgirs tiene 10 días para presentar sus elementos de descargo y responder a los cuestionamientos. Técnicos tomarán muestras del suelo y del agua de la tubería y en dos o tres meses se conocerá la resolución del caso.
• La norma: Al tratarse de un proceso administrativo, la entidad se enfrenta a una posible sanción económica. No es la primera vez que es observada por el manejo ambiental. En 2017, la Emgirs recibió una multa de $ 20.000, según Ambiente.

Según Tapia, la empresa ha recogido muestras de agua y de suelo en las áreas donde el ministerio reportó hallazgos y no ha encontrado evidencia de contaminación.

Dice que en mayo se llegó a un punto de inflexión con las comunidades, luego de que la Contraloría General observara irregularidades en la gestión de los fondos de compensación que debe entregar la Emgirs a los cuatro barrios. Por lo que la empresa acogió la recomendación de la Contraloría de que los montos económicos sean canalizados a través del portal de Compras Públicas.

“Esto no fue del agrado de los representantes y líderes de las comunidades a partir de los cuales hemos tenido este incremento de denuncias”, agrega.

Pero los habitantes aducen que hasta los han dejado sin la atención médica que antes pagaba la empresa metropolitana. “No nos sirven las compensaciones si no tenemos salud”, dice Rodríguez.  (DMA/ KVG / SO)