“No queremos que quemen cuerpos cerca de nuestras familias”, dice Eduardo Aguilar, morador de un conjunto habitacional, ubicado en el parque industrial de Calderón, en el norte de Quito.

Él y otros vecinos no están de acuerdo con que se construya un crematorio junto al bloque residencial, donde viven 43 familias. El domingo pasado salieron con pancartas y cornetas para quejarse de este nuevo proyecto que, según ellos, afectaría su salud.

Llamaron a las autoridades municipales y lograron clausurar el lugar, por la falta de un permiso de funcionamiento.

Aguilar cuenta que luego de dicha intervención el horno habría empezado a echar humo por la chimenea. Los moradores denunciaron el hecho a la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y funcionarios de la entidad fueron a constatar que no estuvieran incinerando cadáveres de manera ilegal.

Al día siguiente, Sebastián Aguilar, otro morador, salió al patio de su casa para agarrar una toalla y percibió que la tela olía a carbón incinerado. “Parecía que estaban quemando chilca o leña”. El joven añadió que temía que sus prendas se hubieran impregnado con la ceniza de alguien que falleció con COVID-19.

Judith García, vecina del conjunto, también siente temor de que se termine de construir el crematorio. Según ella, dicha actividad económica pone en peligro a la comunidad y al medioambiente. “Aquí viven mujeres embarazadas, niños y personas discapacitadas”.

La mujer sostiene que no permitirán que el propietario del crematorio termine la obra. Y añade que si es necesario acostarse en el ingreso al predio para impedir que acceda la maquinaria, lo hará para “proteger a mi familia y vecinos”.

Samanta Solano, directora metropolitana de instrucción de la AMC, explicó que el día que fueron a revisar el predio el horno estaba encendido, pero no había ningún cadáver adentro, ni en las instalaciones.

Al revisar los requisitos para su funcionamiento, constataron que el dueño del predio no tenía el permiso que lo habilita para realizar esa actividad económica, pero sí poseía la autorización del uso de suelo, del Cuerpo de Bomberos de Quito y de la Secretaría de Ambiente del Municipio. Por eso, según la autoridad, “se clausuró el lugar hasta que el dueño presente el permiso vigente”.

David Garzón, gerente de la empresa funeraria, contó que antes de instalar el horno en el terreno sacaron un permiso de funcionamiento provisional en el Municipio, mientras les entregaban el resto de papeles.

Luego vino la socialización del proyecto con los vecinos y ahí, explica, empezaron los problemas. Garzón indicó que explicó a los residentes que construiría un crematorio y salas de velación y que para ello debía levantar un muro que dividiría su predio de los conjuntos habitacionales, pero los habitantes se negaron.

No obstante, el gerente dice que continuará con su proyecto porque cumple con los requisitos y además, según él, ayudará a la comunidad con el servicio de cremación a bajo costo. “Nosotros cobraremos 200 dólares”. Añade que la documentación definitiva estará lista esta semana. “No hay motivo para que no podamos seguir trabajando”, dijo.

Mientras tanto, los moradores señalan que continúan vigilantes de que no entre maquinaria al lugar y de que tampoco saquen el sello de clausura que está en la puerta.

Agregan que “existe un precedente” para el freno de esta actividad, que se dio a inicios de año en el sector de Las Casas. Sin embargo, en ese caso, el proyecto fue interrumpido por encontrarse en una zona de bosque protegido.

Aun así, los residentes no descartan ir ante el Concejo metropolitano para pedir el cese al proyecto funerario.

El dato

Crecimiento. Frente a un alza del 250 % en solicitudes de cremación, otros dos cenizarios han abierto sus puertas desde marzo.