El transporte urbano en Quito pierde usuarios por miedo a asaltos

La inseguridad se ha instalado en las rutas del transporte público convencional de Quito, especialmente en aquellas que conectan los barrios periféricos con el centro de la ciudad. 

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Lo que para miles de ciudadanos debería ser un viaje cotidiano al trabajo, la escuela o el hogar se ha transformado en una experiencia cargada de tensión, miedo y resignación, que como resultado ha reducido el número de usuarios que quieren movilizarse en bus por temor.

Los asaltos a mano armada, arranchamientos y agresiones se han vuelto parte del paisaje urbano, mientras las autoridades no logran contener la ola delictiva.

Carlos, un conductor de la ruta Cumbayá-Guajaló, ha sido víctima de dos asaltos en menos de tres meses. “Uno de los ladrones se subió en el redondel de San Francisco y otro más adelante, en El Cebollar. Los dos estaban armados. En segundos despojaron a los pasajeros de sus celulares”, relata. 

Como él, decenas de conductores enfrentan situaciones similares en sectores como Chiriyacu, Chillogallo, Puengasí, Guajaló, la avenida Simón Bolívar y el intercambiador de la autopista General Rumiñahui.

Los delincuentes aprovechan el anonimato entre la multitud. Se suben como pasajeros comunes y, en cuestión de segundos, siembran el caos. Entre empujones, amenazas y gritos, arranchan celulares, bolsos y objetos, sin importarles la presencia de mujeres, niños o adultos mayores.

Sistema de monitoreo no es una garantía

La cooperativa Translatinos vivió recientemente un episodio alarmante. Siete individuos abordaron una unidad en Chiriyacu y asaltaron a todos los pasajeros. Pese a que el sistema de monitoreo interno permitió emitir una alerta y la Policía logró intervenir, estos casos de respuesta inmediata son más la excepción que la regla. 

“El tiempo de reacción suele ser nulo”, afirma Lourdes Cajas, coordinadora de operaciones de la cooperativa. A pesar de contar con cámaras y códigos de alerta, la sensación de indefensión persiste.

Jorge Yánez, gerente de Translatinos, describe la situación como crítica. Calcula que el 2% de sus 600 pasajeros diarios son víctimas de robo. “Hemos identificado a varios sospechosos. Cuando los reconocemos, evitamos parar en ciertas estaciones. Pero eso también genera molestias a los usuarios legítimos”, explica. De los 44 buses que operan en la ruta Santa Isabel-Seminario Mayor, al menos tres conductores han sido asaltados recientemente.

Yánez distingue dos modalidades de robo: los arranchadores, que actúan aprovechando la confusión, y los asaltantes armados, que operan en grupo y con extrema violencia. La mayoría de ataques se concentran en las horas pico, cuando la afluencia de pasajeros dificulta cualquier intento de defensa. “La gente ya ni denuncia. La violencia se ha vuelto parte de lo cotidiano”, lamenta.

No hay presencia policial

En un recorrido realizado por Diario EXPRESO se constató que, en zonas como Guajaló, no hay presencia policial. Vecinos reportan que allí se congregan consumidores de drogas, quienes luego suben a los buses a delinquir. La avenida Simón Bolívar, una vía clave, también es mencionada como una de las más peligrosas por usuarios.

Chiriyacu, en cambio, muestra presencia esporádica de uniformados. Seis policías patrullaban el sector durante una visita puntual. “Debería haber más uniformados en las paradas. Hay pocos policías para toda la ciudad”, señala María Enríquez, vecina del sector. Una agente que pidió mantener su nombre en reserva lo confirma: “La capacidad operativa es limitada. No podemos cubrir todas las zonas críticas”.

En el intercambiador de la autopista General Rumiñahui, Juan Salinas, usuario habitual, señala que solo un tramo tiene control. “Del lado que va al valle hay vigilancia, pero del otro lado, justo debajo del puente, es una zona oscura donde los arranchadores esperan a su próxima víctima”.

La Empresa de Transporte 6 de Diciembre también sufre las consecuencias. Su gerente, Verónica Monar, identifica puntos críticos como la Loma de Puengasí y los alrededores de la hormigonera. “Mientras el Metro y el Trole cuentan con presencia policial, el transporte convencional ha sido relegado. No hay un plan integral”, denuncia.

Monar propone aplicar al sistema convencional la misma normativa que protege al Metro. “No se trata solo de tecnología, sino de seguridad. Podemos colocar cámaras, emitir alertas, pero sin el respaldo de la Policía, estamos a la deriva”, enfatiza.

El desconcierto también proviene de la falta de claridad sobre las competencias institucionales. Aunque los pasajeros pagan una tasa de seguridad, los transportistas aseguran que el Municipio no puede intervenir directamente. “Dicen que no es su jurisdicción”, reclaman. La ciudadanía, sin embargo, no distingue entre niveles de gobierno cuando se trata de su seguridad.

Ante el abandono, algunos transportistas han optado por medidas desesperadas. “Se han dado ‘mini vacunas’ a ciertos grupos para que no nos roben”, confiesa Yánez. Con ello se refiere a pagos informales a bandas delictivas para evitar asaltos, un mecanismo que refleja hasta qué punto la violencia se ha institucionalizado.

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