Los parques de Quito, convertidos en escenario de violencia

Quito se estremece tras la difusión de un video que muestra una violenta agresión entre dos estudiantes en el parque Itchimbía. Las imágenes, que circularon ampliamente desde el martes 24 de junio de 2025, evidencian cómo una adolescente golpea y arrastra a otra mientras varios testigos -también estudiantes- observan sin intervenir. 

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Según el Ministerio de Educación, el hecho ocurrió el pasado 20 de junio, pero se hizo público varios días después, generando una ola de indignación ciudadana.

La escena ha levantado serias preocupaciones entre padres de familia y vecinos, quienes cuestionan la falta de control y seguridad en los espacios públicos de la ciudad. Irene Sotalín, usuaria frecuente del parque Itchimbía, advierte que estos espacios se están convirtiendo en zonas de riesgo. “Ya no son sitios para el esparcimiento familiar, sino escenarios de riñas, asaltos o consumo de alcohol y drogas por parte de adolescentes”, afirma con preocupación.

Paúl Granja, padre de familia, coincide en que este tipo de episodios deben encender las alertas. “Estamos viendo niveles de violencia que preocupan, no solo por la falta de control institucional, sino por la ausencia de valores en el entorno familiar y escolar. No se puede permitir que jóvenes agredan de esa manera a sus compañeros”, expresa. Para él, es urgente intensificar la vigilancia en los parques y fomentar la educación en valores desde el hogar.

Acciones preventivas

El teniente coronel Rolando Bonilla, comandante del Distrito Manuela Sáenz, asegura que la Policía Nacional mantiene un plan de seguridad denominado “Escuela Segura”, en coordinación con autoridades educativas y padres de familia. 

Este plan incluye presencia policial en horarios de entrada y salida de estudiantes, así como patrullajes en parques, plazas y lugares emblemáticos del Distrito Metropolitano. Bonilla señala que el caso del parque Itchimbía no puede ser visto como un hecho aislado. “No se puede normalizar este tipo de violencia. Existe el diálogo, la mediación, pero no los golpes”.

El oficial subraya que en el parque Itchimbía existe seguridad privada y está ubicado a escasos metros del ECU 911. A pesar de ello, las agresiones ocurrieron sin que nadie actuara para detenerlas. “Hubo espectadores que incluso pedían más violencia. Es preocupante la falta de empatía. La ciudadanía tiene que recuperar el sentido de comunidad y responsabilidad”, añadió.

Bonilla también insta al Municipio de Quito a fortalecer los controles en los parques. “El cabildo es responsable del uso del espacio público. Debe coordinar con la Policía Nacional operativos más constantes. No solo se trata de mantener la flora o la limpieza, también se requiere presencia efectiva ante actos de violencia o consumo de sustancias”, enfatizó.

Y es que padres de familia aseguran que las riñas no solo se dan en ese punto, sino que también los estudiantes suelen desplazarse hacia el parque La Alameda. En esa zona emblemática de la capital, han ocurrido enfrentamientos o se reúnen para consumir bebidas alcohólicas en el espacio público.

Una respuesta tardía 

El concejal Bernardo Abad, miembro de la Comisión de Seguridad del Concejo Metropolitano, también cuestionó la respuesta tardía de los entes de control frente al incidente. “El parque Itchimbía cuenta con seguridad privada y está junto al ECU 911. Aun así, no hubo una reacción inmediata. La agresión no puede verse solo como una riña escolar. Es un acto violento que puede derivar en sanciones penales”, señaló.

Abad hace un llamado a reforzar el control desde las instituciones educativas y, sobre todo, desde las familias. “Aunque estaban fuera del colegio, los estudiantes usaban el uniforme. Esto compromete también a los planteles. Necesitamos actuar antes de que ocurran estos hechos, no solo reaccionar cuando ya es demasiado tarde”.

Sobre la responsabilidad del Municipio, Abad fue enfático: “No todos los parques cuentan con agentes metropolitanos. Y aunque no se puede tener un guardia detrás de cada ciudadano, la falta de personal es evidente. En una ciudad de casi tres millones de habitantes, los recursos son limitados. Pero tampoco se puede culpar exclusivamente al Municipio. La base está en la educación”.

El concejal también advirtió que no es necesaria una nueva ordenanza. “Las leyes ya existen. Hay normas que sancionan la agresión, el uso de armas blancas o el mal uso del espacio público. El problema es que no siempre se cumplen. Se requiere aplicar las leyes con firmeza y sumar esfuerzos para prevenir”, indicó.

El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano explicó a EXPRESO que sus patrullajes se realizan en todas las administraciones zonales de la ciudad, priorizando áreas con mayor concentración de estudiantes o problemáticas sociales. 

Nuestro personal es reducido, pero trabajamos en coordinación con las comunidades educativas para brindar apoyo al final de la jornada escolar”, indicaron. 

Los parques con mayor afluencia o ubicados en zonas conflictivas también son monitoreados, especialmente aquellos con reportes de consumo de licor artesanal, libadores, presencia de limpiaparabrisas o mal uso del espacio público.

A través del sistema de videovigilancia, los agentes intentan cubrir la mayor parte del territorio urbano, brindando respuesta inmediata en caso de emergencias. Además, se anunció que en los próximos meses se abrirá un proceso de selección para incorporar más agentes de control, con el objetivo de ampliar los operativos y reforzar la vigilancia.

Declaratoria de emergencia y Plan de Seguridad

La Unión Nacional de Educadores (UNE) solicitó que se declare en emergencia al sistema educativo nacional. El gremio docente considera que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino un reflejo preocupante de la violencia que se vive tanto dentro como fuera de las aulas.

Tras el incidente, el Ministerio de Educación tomó medidas inmediatas: la estudiante agresora fue separada del entorno escolar y continuará su proceso educativo de manera domiciliaria. Paralelamente, la víctima cuenta con atención psicológica y acompañamiento emocional junto a su núcleo familiar, según confirmó la cartera de Estado.

La UNE expresó su profunda preocupación ante este tipo de hechos que, según señala, evidencian la creciente normalización de la violencia en la sociedad ecuatoriana. “La exposición constante a situaciones violentas pone en riesgo a todos quienes forman parte de la comunidad educativa. Por ello, se hace impostergable transformar a las escuelas en espacios seguros, libres de amenazas y que promuevan el bienestar integral”, indicó el gremio a través de un comunicado público.

Además, la organización reiteró la urgencia de contar con un Plan de Seguridad Escolar integral, adaptado a las realidades de cada institución y con aplicación permanente durante los 200 días del calendario académico. La UNE considera que este tipo de estrategias no deben responder solo a emergencias puntuales, sino convertirse en una política pública sostenida.

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