¿Se redefine Quito desde fuera? La ley que pone en jaque su planificación urbana

Las reglas que hoy ordenan cómo crece Quito -desde la altura de sus edificios hasta la protección de sus suelos rurales- podrían dejar de ser definitivas. 

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Reforma LOOTUGS pone en alerta Quito

Ordenanzas que durante años han delimitado barrios, frenado la expansión urbana o protegido zonas ecológicas ahora enfrentan un escenario incierto: una reforma legal que, según autoridades locales, abre la puerta a que decisiones externas reconfiguren el territorio de la capital sin pasar por su planificación.

Ese es el punto de tensión que se instaló en el Distrito Metropolitano tras la aprobación, el 30 de marzo de 2026, de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS). Mientras desde el nivel nacional se presenta como una modernización necesaria, en Quito las alertas apuntan a un posible quiebre en la autonomía municipal y en la vigencia de sus propias normas urbanísticas.

El alcalde Pabel Muñoz fue uno de los primeros en reaccionar y menciona que la reforma no solo careció de consulta con los municipios, sino que, a su juicio, responde a intereses que podrían imponerse sobre la planificación técnica. 

“El uso del suelo debe definirse desde las ciudades y en función de sus ciudadanos”, advirtió, al tiempo que cuestionó que se habiliten decisiones que -según dijo- podrían favorecer al sector inmobiliario por encima del interés colectivo.

Desde el Concejo Metropolitano, la preocupación se traduce en aspectos concretos. El concejal Adrián Ibarra y presidente de la Comisión de Uso de Suelo, sostiene que la reforma “abre una ventana” para que entidades del Ejecutivo puedan modificar el uso del suelo sin pasar por los gobiernos locales. En un territorio como Quito, donde más de 90 mil hectáreas están destinadas a protección ecológica o uso agrícola, el riesgo -según su lectura- no es menor.

Ibarra advierte que proyectos de vivienda, incluso bajo la figura de interés social, podrían emplazarse en suelos rurales si son considerados estratégicos. Esto, afirma, tensiona el modelo de desarrollo urbano que el municipio ha intentado sostener frente a fenómenos como el cambio climático. “Las lluvias intensas, los incendios o los deslaves no son ajenos al desarrollo inmobiliario indiscriminado”, señala, sugiriendo que la reforma podría profundizar esos problemas al flexibilizar los controles.

Otro de los puntos críticos es el impacto directo sobre las ordenanzas vigentes. El concejal sostiene que la ley podría vulnerar el Plan de Uso y Gestión del Suelo, un instrumento que, por normativa, solo puede modificarse bajo condiciones estrictas y en plazos definidos. Con la reforma, esos límites podrían diluirse, generando -según su criterio- inseguridad jurídica. A esto se suma un elemento que ha encendido las alarmas: el régimen sancionador.

Elemento sancionador preocupa a Quito autoridades

La posibilidad de que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial imponga multas de hasta el 3% del presupuesto municipal es vista por las autoridades locales como desproporcionada. En el caso de Quito, esto representaría montos millonarios. Ibarra va más allá y cuestiona el modelo: “Se crea un incentivo perverso donde a más multas, más presupuesto para la entidad de control”.

Por su parte el edil Wilson Merino explica que la nueva ley de ordenamiento territorial genera preocupación, especialmente para ciudades como la capital. Aunque reconoce que tiene aspectos positivos -como impulsar la inversión privada y mejorar el control del espacio público- considera que es insuficiente.

Su principal preocupación es que la ley podría fomentar la expansión desordenada de la ciudad hacia la periferia, promoviendo proyectos inmobiliarios sin una adecuada planificación. Señala que no basta con construir más viviendas, sino que es clave definir dónde se construye, asegurando acceso a servicios básicos, vías y condiciones adecuadas.

También advierte que la ley prioriza el enfoque financiero y privado, dejando de lado una visión más social, especialmente para garantizar vivienda a los grupos vulnerables. Además, teme que el gobierno nacional pueda cambiar planes urbanos ya definidos por el municipio.

Sin embargo, fuera del municipio, la lectura no es completamente homogénea.

Proyectos estratégicos dinamizarían zonas deprimidas Quito

“La reforma puede responder al déficit de vivienda, pero no todo crecimiento urbano es justificableHernán Orbea, urbanista 

El urbanista Hernán Orbea introduce un matiz: si bien reconoce que la reforma resta competencias a los municipios, también sostiene que estas no han sido plenamente aprovechadas en la última década. Según su análisis, herramientas como los planes especiales o los mecanismos de captura de valor del suelo han tenido una aplicación limitada.

Desde esa perspectiva, la intervención del Ejecutivo respondería a una necesidad práctica: enfrentar el déficit habitacional. Orbea pone como ejemplo predios estatales subutilizados en ejes estratégicos de la ciudad que podrían convertirse en proyectos de vivienda social. En su visión, la figura de “proyectos estratégicos” podría activar zonas deprimidas y dinamizar sectores urbanos sin uso.

No obstante, el propio urbanista traza una línea de advertencia. Si bien considera viable el uso de esta herramienta para fines sociales, cuestiona cualquier intento de habilitar suelo rural con fines especulativos. “No todo crecimiento urbano es justificable”, sugiere, marcando distancia con una aplicación indiscriminada de la norma.

¿Habrá seguridad jurídica? 

La reforma genera tensiones en la autonomía municipal, pero también introduce elementos de seguridad jurídica.Diego Cevallos, socio de Gobernanza Local EC

Una posición intermedia plantea Diego Cevallos, socio de Gobernanza Local EC, quien reconoce que la reforma introduce tensiones en la autonomía municipal, pero también resalta elementos que podrían fortalecer la seguridad jurídica. Entre ellos, la protección de derechos adquiridos para proyectos inmobiliarios ya aprobados.

Este punto, que para los municipios representa una “atadura de manos”, es visto por Cevallos como una garantía necesaria para los inversionistas. “Un proyecto no puede cambiar de reglas a mitad de camino”, explica. Sin embargo, admite que la ampliación de atribuciones de la Superintendencia -incluida la posibilidad de emitir licencias- es un cambio inédito que podría alterar el equilibrio entre niveles de gobierno.