Quito: gimnasio sin permisos en Calderón fue clausurado tras muerte de un niño
Fiscalía investiga muerte de un menor en gimnasio clausurado en Calderón. Esto es lo que se sabe
Un gimnasio que operaba sin permisos municipales en la comuna rural San Miguel del Común, perteneciente a la parroquia Calderón, al norte de Quito, fue clausurado por las autoridades del Municipio. La intervención se realizó luego de varias denuncias ciudadanas que alertaron sobre la realización de peleas clandestinas dentro del establecimiento.
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Según las primeras investigaciones, estos eventos eran presuntamente organizados por el administrador del gimnasio, quien además habría cobrado la entrada a los asistentes. De acuerdo con los reportes de los vecinos, en el lugar se efectuaban enfrentamientos entre adolescentes, sin ningún tipo de control ni supervisión.
Muerte de un adolescente
El caso salió a la luz tras la muerte de un menor de 12 años, ocurrida en noviembre de 2024. Según relató su abuelo, el niño participó en una pelea con otro adolescente de 17 años dentro del gimnasio. Producto de los golpes que recibió en la cabeza, habría sufrido un derrame cerebral que le causó la muerte.
La familia presentó la denuncia ante las autoridades competentes, lo que permitió abrir una investigación penal para determinar las responsabilidades en este hecho.
Peleas con cobro y apuestas
El supervisor metropolitano de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), Gustavo Chiriboga, detalló que durante la inspección se constató que el gimnasio no contaba con permisos de funcionamiento ni certificados de seguridad. Además, confirmó que se cobraba un dólar por cada participación en las peleas y que entre los asistentes se realizaban apuestas ilegales.
“Estas actividades están completamente prohibidas y representan un riesgo para la integridad de los menores y la comunidad”, señaló Chiriboga.
Sanciones y proceso judicial
De acuerdo con el Código Municipal de Quito, la sanción por operar sin permisos y realizar actividades ilícitas puede incluir una multa de hasta 3 760 dólares, además de la clausura definitiva del local.
El caso también fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que lleva adelante las investigaciones para establecer la posible responsabilidad penal del administrador y de otras personas involucradas en la organización de las peleas clandestinas.
