Quito: construcciones informales crecen y AMC reporta récord de sanciones en 2026

La expansión de construcciones informales en el Distrito Metropolitano de Quito ya no es solo una percepción ciudadana: es una tendencia que se refleja en cifras, sanciones y, más recientemente, en incidentes que evidencian los riesgos de edificar al margen de la normativa.

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¿Cuántas de estas construcciones cumplen con la ley?

A simple vista, la capital ecuatoriana parece vivir un auge constructivo. Grúas, maquinaria y nuevas edificaciones se multiplican no solo en el centro urbano, sino también en los valles. Sin embargo, entre los quiteños crece una duda constante: ¿Cuántas de estas construcciones cumplen realmente con la ley?

El colapso de una edificación en Tumbaco, el pasado 28 de marzo de 2026, encendió las alarmas. Aunque no hubo víctimas mortales, dejó cuatro personas heridas y expuso una cadena de irregularidades: la obra, que ya había sido suspendida el 4 de marzo, continuó operando sin cumplir requisitos básicos como el plan de seguridad. El hecho, lejos de ser aislado, se inscribe en un patrón que las autoridades reconocen en aumento.

AMC reporta récord de sanciones

Desde la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el diagnóstico es claro. “En 2024 cerramos con 359 obras suspendidas; en 2025 subimos a 664, y en lo que va de 2026 ya tenemos 153”, explica el supervisor Gustavo Chiriboga. Pero más revelador aún es el dato de fondo: el 73% de estas suspensiones se debe a la ausencia de licencia de construcción.

Las cifras de sanciones refuerzan esta tendencia. En 2024 se emitieron 183 resoluciones sancionatorias que sumaron 1,3 millones de dólares. Un año después, en 2025, las sanciones ascendieron a 265, con multas que superaron los 3,6 millones. Y en apenas el primer trimestre de 2026 ya se registran 145 sanciones, con más de 1,1 millones de dólares en multas. Es decir, en solo tres meses, la ciudad está cerca de igualar todo un año de control.

Para Chiriboga, el problema va más allá de la capacidad institucional. “Lo que evidenciamos es una cultura de incumplimiento de la norma. Los requisitos no son nuevos, los constructores los conocen, pero aun así los omiten”, señala. Y añade un matiz clave: la AMC no otorga permisos, solo controla su cumplimiento. Las licencias se tramitan a través de administraciones zonales, con revisión previa de entidades como el Colegio de Arquitectos de Pichincha o empresas colaboradoras.

Este punto es central, porque desmonta uno de los argumentos más recurrentes del sector: la supuesta excesiva tramitología. Para la AMC, los procesos existen desde hace años y son conocidos por quienes construyen. Sin embargo, desde el gremio constructor la lectura es distinta.

Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, reconoce que el fenómeno de la informalidad es estructural. “Cuando se desarrolló el Plan de Uso y Gestión del Suelo, ya se estimaba que el 70% de las construcciones en Quito son informales”, afirma. A su juicio, las razones son múltiples: trámites complejos, altos costos del suelo formal y una percepción errónea de que construir sin permisos resulta más barato.

Pero el problema no es solo administrativo o económico. Tiene implicaciones directas en la seguridad. “Quito es una ciudad de alto riesgo sísmico. Cuando se construye informalmente no hay diseños estructurales que garanticen resistencia”, advierte Yandún. En otras palabras, el crecimiento desordenado no solo altera el urbanismo, sino que pone en riesgo vidas.

Las zonas más afectadas coinciden con los sectores de mayor expansión urbana. Tumbaco y Los Chillos encabezan la lista, con decenas de obras suspendidas. Solo en 2025, Tumbaco registró 124 suspensiones y Los Chillos 89. En 2026, la tendencia continúa. Según la AMC, cerca del 70% de las construcciones en estas áreas son ilegales, lo que configura un crecimiento urbano desordenado y difícil de regularizar.

El problema se agrava cuando se considera que muchas de estas edificaciones nunca podrán legalizarse. Construir sin licencia implica no solo una sanción económica -que puede alcanzar hasta 100 salarios básicos, es decir, más de 40 mil dólares- sino también la imposibilidad de obtener un certificado de habitabilidad. Sin este documento, vender o habitar legalmente un inmueble se vuelve inviable.

“Hay casos en los que simplemente no se podrá regularizar, porque se construyó en zonas de riesgo o donde la normativa no lo permite”, explica Chiriboga. En esos escenarios, la consecuencia final puede ser el derrocamiento de la obra. A pesar de este panorama, la capacidad de control es limitada. 

La AMC cuenta con apenas dos técnicos por cada una de las diez administraciones zonales para supervisar construcciones en campo. En total, 79 funcionarios sostienen todo el proceso, desde inspecciones hasta sanciones. Aun así, la institución asegura haber optimizado sus procesos para intensificar el control.