Pabel Muñoz presenta demanda contra reforma al Cootad con respaldo de una marcha
Pabel Muñoz ha sostenido que la reforma afecta la seguridad jurídica, la planificación y la autonomía municipal
Este 4 de marzo de 2026, usuarios de servicios municipales y comités de padres de familia dse concentrarán en el parque El Arbolito para marchar hacia la Corte Constitucional, donde el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad).
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La movilización está convocada para las 16:30 y fue convocada por los Comités Centrales de Padres y Madres de Familia de las unidades educativas municipales y beneficiarios de otros servicios que administra el Municipio.
Educación, salud y atención infantil, en riesgo
Muñoz ha sostenido que la reforma afecta la seguridad jurídica, la planificación y la autonomía municipal. Argumenta que Quito gestiona competencias que no existen en otros municipios o que se manejan en distinta magnitud.
Entre ellas mencionó la administración directa de 20 unidades educativas municipales que atienden a cerca de 27.000 estudiantes y cuentan con más de 1.000 docentes.
A esto se suman servicios integrales de salud escolar, con médicos, odontólogos, nutricionistas y equipos de psicología, tres centros de salud municipales, alrededor de 100 Quito Wawas que atienden a unos 5.000 niños y 14 Centros Municipales de Educación Inicial (CEMEI).
Desde el Municipio se advierte que la aplicación de la reforma podría impactar la sostenibilidad de estos servicios.
Otra demanda desde la Prefectura
La acción del alcalde Muñoz se suma a la que presentó un día antes la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien también acudió a la Corte Constitucional con una demanda contra la ley reformatoria al Cootad.
Pabón encabezó una movilización y afirmó que no permitirán “que se retrocedan derechos”, en referencia a la disposición que obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión y servicios públicos y el 30% restante a gasto corriente, que incluye el pago de sueldos.
La prefecta señaló que recurrió al máximo órgano de control constitucional por considerarlo independiente del Ejecutivo y pidió que se deje sin efecto la normativa mientras se analiza el fondo de la demanda.
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