Nuevo centro de seguridad en Quito genera debate sobre recursos municipales

El reciente anuncio del alcalde Pabel Muñoz sobre la “orientación” de los recursos recaudados por la tasa de seguridad en Quito ha generado un intenso debate entre autoridades, expertos y ciudadanos. La medida busca redirigir parte del dinero hacia la instalación de cámaras de vigilancia en las Unidades Educativas Municipales, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los estudiantes y mejorar el control del espacio público ante los crecientes índices de inseguridad en la ciudad.

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Así se distribuye la ayuda municipal a la Policía Nacional 

“Esto no significa recortar la ayuda económica a la Policía, sino orientar la tasa de seguridad hacia lo que la ciudad necesita en este momento”, explicó Muñoz. El alcalde recordó que hasta la fecha el Municipio ha entregado $14 millones para equipar a la Policía Nacional, pero ahora es necesario invertir en tecnología que permita aumentar la seguridad dentro y en los alrededores de las escuelas municipales. “Nuestra prioridad son los estudiantes y el control de los espacios públicos, donde se ha detectado consumo de alcohol, drogas y enfrentamientos”, añadió.

Carolina Andrade, secretaria de Seguridad, afirmó que el apoyo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas continuará. De los $12 millones comprometidos para la Policía, $8 millones ya fueron entregados en los últimos dos años, y los restantes $4 millones se distribuirán hasta 2029. Cada año, a través de la tasa de seguridad, se recaudan aproximadamente $10 millones, que históricamente han apoyado la labor logística de la fuerza policial.

Sin embargo, para el próximo año los recursos serán priorizados para fortalecer la infraestructura tecnológica en las 23 unidades educativas municipales, con cámaras de seguridad que controlen los alrededores y prevengan incidentes contra la convivencia ciudadana.

Las primeras instalaciones se realizaron en la Unidad Municipal Calderón, el Colegio Benalcázar y la Escuela Sucre, mientras se determina un presupuesto definitivo a partir de un estudio de cobertura que se publicará en el portal de Compras Públicas, detalló Andrade.

¿Cómo funcionará el nuevo Centro de Comando Estratégico?

Además, el Municipio proyecta la creación de un Centro de Comando Estratégico, en coordinación con el ECU-911, que permitirá monitorear de manera continua incidentes de seguridad, movilidad y control del espacio público. Este centro funcionará como una ampliación del ECU-911, con vigilancia 24/7 y un sistema integrado que conectará las cámaras de los colegios y otros puntos estratégicos a la plataforma del COE Metropolitano. La meta es que este proyecto estratégico esté operativo antes de finalizar la gestión del alcalde Muñoz.

Para Juan Carlos Rojas, director del Observatorio de Participación Ciudadana y Seguridad Integral, el anuncio tiene un trasfondo político. 

Señaló que aunque parte de la tasa de seguridad se ha destinado a reforzar las UPC y los “senderos seguros”, la ciudadanía percibe poca coordinación entre la seguridad municipal y la Policía Nacional.

Rojas cuestiona la eficacia de algunas cámaras instaladas, recordando que en casos de delitos violentos o robos, generalmente las imágenes provienen de cámaras privadas y no de las municipales.

Entre los ciudadanos, la reacción también es mixta. Joselyn Alulema, madre de familia, apoya la instalación de cámaras en colegios como medida de protección, aunque enfatiza que es necesario coordinar acciones con la Policía Nacional. Luis Fernando Tagua, comerciante en La Alameda, coincide en que los sistemas de vigilancia incrementarán la seguridad, pero solicita que la colaboración con la Policía continúe. Marcia Córdova, por su parte, plantea que estos recursos también podrían destinarse a la seguridad en el transporte público, equipando buses con cámaras y botones de pánico.

Zadkiel Cárdenas, secretario de Educación, explicó que los perímetros de resguardo les permitirán a los estudiantes transitar con seguridad. Se proyecta que las cámaras estén instaladas en todas las unidades municipales hasta final de año. Carmen Rubio, rectora de la Unidad Educativa Fernández Madrid, concuerda en que la medida dará mayor tranquilidad y reducirá la percepción de riesgo en zonas vulnerables, donde se registran robos y amenazas al alumnado.

Los datos respaldan la necesidad de estas medidas. Según el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, en 2024 el 61 % de los quiteños señalaron que su principal preocupación es la inseguridad. Los delitos más reportados incluyen robos a personas (36 %), robos a domicilios (18 %) y microtráfico (14 %).

En entornos escolares, entre 2022 y 2024 se registraron más de 180 incidentes, desde robos a estudiantes hasta consumo de sustancias y violencia.

La concejal Analía Ledesma manifestó que la decisión de redirigir recursos hacia cámaras de vigilancia es legalmente factible. La Constitución y el Cootad facultan al Municipio a implementar mecanismos de seguridad ciudadana y convivencia. Y la tasa de seguridad puede destinarse a prevención, no exclusivamente a la Policía Nacional. “Invertir en cámaras fortalece la protección de la niñez y adolescencia, atendiendo a más de 27.000 alumnos de Quito”, argumentó.

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