“Ni los lunes perdonan los borrachos”, reclama Jaime Santos, residente del barrio El Inca, al norte de Quito.

Molesto, el morador explica que la localidad, alguna vez tranquila, se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los jóvenes para consumir bebidas alcohólicas. El motivo, comenta, se debe a la cercanía de una estación de servicio y varias licoreras que expenden bebidas alcohólicas de manera legal.

“Compran el trago y se instalan a beber ahí o en las calles aledañas. No hay noche que uno pase y que no vea a la gente tomando ahí. Dejan las botellas en nuestras puertas y usan nuestras paredes como baño público”, asegura.

La situación empeora, añade, cuando hay eventos masivos, como conciertos.

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Las quejas de este y otros vecinos de la zona son constantes. Santos señala que se turnan llamando a la policía o a la Agencia Metropolitana de Control (AMC) para reportar los incidentes, pero no hay mejoras. “No nos dan ninguna solución. Vienen, los mueven, los autos se van y 15 minutos después están de regreso. Queremos controles más estrictos en las calles aledañas a la gasolinera, y que haya patrullaje permanente”, afirma.

Pero si bien estas medidas podrían ofrecer resultados a corto plazo, la realidad es que el problema con los libadores callejeros en la ciudad es una constante que se repite por toda la ciudad y que se ha vuelto diaria. Así lo explica Lira Villalva, supervisora de la AMC.

“La situación de consumo de alcohol en la ciudad es problemática... Si antes esto era un problema que teníamos sobre todo de cara al fin de semana, ahora es un problema diario que empieza desde el lunes”, señala.

Y aunque hay varias zonas sensibles para el consumo de alcohol en la vía pública, como el Mirador de Guápulo, la calle Whymper, la avenida Michelena y la plaza de Cotocollao, las áreas más conflictivas están en las zonas aledañas a las universidades.

“El estado de excepción ha contribuido en algo a reducir las incidencias en el sector de las universidades, pero la realidad es que esta situación, que antes se presentaba sobre todo los viernes de tarde, ahora sucede todo el día”, comenta Villalva.

Según la entidad, entre enero y febrero la AMC ha realizado sesenta operativos, en los que se encontraron a 2.454 libadores y se levantaron 212 actos administrativos.

En las calles Tamayo y Wilson, sector universitario, es común hallar colillas de cigarrillo y botellas vacías o rotas apiladas en la acera.

Rosa Young, residente del barrio, señala que el problema se ha acrecentado desde que se retomó la presencialidad de los institutos superiores.

“Con otros vecinos hemos acudido a hacer las denuncias respectivas, pero además de sancionar a los chicos, no hay mucho por hacer. Lo que sí debe aplicarse es el cambio de uso de suelo para que no se venda licor tan cerca y aumentar las campañas de prevención, porque beber sin control es una cuestión cultural”, dice.

La propuesta de modificar el uso del suelo en las zonas universitarias para que no se pueda vender alcohol es algo en lo que ya trabaja el Cabildo, a través de la reforma y actualización del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS).

A mediados del año pasado, el alcalde Pabel Muñoz señaló que esta opción “es una herramienta muy potente de planificación donde está todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer”.

Pese a ello, la AMC concuerda en que la prevención es vital para reducir los índices de libadores callejeros.

“Estamos trabajando en una serie de pilotajes de prevención”, señala Villalva. Esto incluye una reunión con los rectores de los institutos superiores para abordar el problema.

A la par, también se trabaja en la labor comunitaria como una opción para quienes son sancionados.

“Hemos tenido buenos resultados porque estas personas, al convertirse en recuperadores del espacio público, corrigen su conducta”, indica Villalva.

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