Inseguridad, abandono y olvido afectan el patrimonio de Quito
El Centro Histórico cumple un año más como Patrimonio de la Humanidad. Hay preocupación por la falta de políticas públicas
Han pasado 47 años desde que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) inscribió al Centro Histórico de Quito como el primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, junto con Cracovia.
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Con sus 375 hectáreas llenas de historia, iglesias, conventos y más de 4.000 inmuebles patrimoniales, la ciudad fue celebrada en 1978 como el centro colonial mejor conservado de América Latina. Sin embargo, esa distinción hoy convive con el abandono progresivo, la inseguridad creciente, el comercio informal desbordado y la ausencia de políticas públicas sostenidas y articuladas.
El asambleísta del Distrito Metropolitano de Quito, historiador e investigador, Juan Carlos Rojas, no duda en advertir que, si la ciudad postulara nuevamente junto a otras urbes como Cracovia, difícilmente obtendría la declaratoria.
“Quito no podía ser patrimonio sin ser una ciudad segura. Hoy, más del 21 % de los predios en el Centro Histórico están deteriorados, abandonados o apuntalados con vigas para evitar su colapso. En 1978, apenas el 0,74 % se encontraba en riesgo”, explica.
Rojas recalca que la conservación del patrimonio no se limita a sus edificaciones, sino al tejido social, la seguridad y la habitabilidad. En sus monitoreos, asegura que han identificado más de 2.000 personas en situación de calle, un fenómeno que ha transformado espacios simbólicos, como los exteriores de iglesias, en baños públicos, y casas patrimoniales en guaridas para actividades delictivas.
A esto se suman decisiones polémicas, como el cercado de espacios públicos icónicos. La Plaza Grande y los exteriores de la Iglesia de La Compañía, por ejemplo, han sido vallados por razones de seguridad, lo que ha generado observaciones por parte de la Unesco. “El patrimonio no se encierra, se cuida y se trabaja. Las rejas son una solución estética y funcional equivocada”, sostiene Rojas.
Para el edil Michael Aulestia, presidente de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio del Concejo, el deterioro actual tiene un punto de inflexión claro: la desaparición del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (Fonsal).
El concejal dice que, desde su eliminación, el deterioro del patrimonio ha sido evidente y que el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP), que asumió sus funciones, no cuenta con la misma capacidad operativa ni técnica.
Limitaciones legales y de presupuesto
Asegura que el presupuesto disponible es insuficiente y que las limitaciones legales impiden intervenir predios públicos en desuso, como los del IESS o instituciones estatales. “Están cerrados, se están cayendo, pero no se pueden enajenar ni destinar recursos para su conservación. Es una traba legal que hay que resolver”.
A esto se suma, dice, la falta de coordinación entre instituciones municipales. Por un lado, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) sanciona el comercio informal, mientras la Administración Manuela Sáenz organiza ferias en las mismas calles. Por ello, es necesaria una política clara para el reordenamiento del Centro Histórico, con zonas definidas para los comerciantes autónomos.
Desde el ámbito académico, Lenin Lara, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) e investigador, aporta otra dimensión del problema: la falta de actualización técnica en los procesos de conservación.
Recuerda que, en 2019, junto a investigadores de la Universidad de Sevilla, realizaron un escaneo completo de la Iglesia de La Compañía y generaron un gemelo digital de altísima precisión. Los resultados los presentaron al IMP, pero lamenta que la información no ha sido aprovechada.
Para Lara, esto evidencia un retroceso institucional. “Desde que el Fonsal dejó de existir, se abandonó la investigación sobre el patrimonio material. Ya no hay control sobre los materiales que se utilizan ni criterios técnicos actualizados. Las intervenciones están estancadas y lo más complejo ya no se toca”, menciona.
A ese panorama se suma un obstáculo: el presupuesto. Restaurar y conservar patrimonio material implica costos elevados, lo que limita la posibilidad de realizar trabajos de fondo y sostenidos en el tiempo.
Otro de los vacíos que identifica es la falta de actualización del inventario de bienes patrimoniales y que no existan datos claros sobre cuántos inmuebles están realmente en riesgo.
Plan de Recuperación del Centro Histórico, un avance
Desde el IMP, su director, Franklin Cárdenas, defiende el trabajo realizado en los dos últimos años. Destaca el Plan de Recuperación del Centro Histórico, con intervenciones en ejes como las calles Benalcázar y Rocafuerte, y mejoras en el espacio público, iluminación, seguridad y limpieza. Asimismo, el mantenimiento de edificaciones patrimoniales, diagnóstico y la reactivación económica.
Cárdenas manifiesta que el inventario se actualiza cada dos años e incluye edificaciones religiosas, civiles y hallazgos arqueológicos recientes. Reconoce, sin embargo, que muchas edificaciones patrimoniales permanecen fuera de uso. “La mayoría son propiedades privadas o tienen problemas legales que impiden su intervención directa. Aun así, mantenemos un monitoreo constante e invitamos a los propietarios a sumarse a los programas de conservación”.
Uno de los desafíos más importantes, menciona, es cómo compatibilizar el patrimonio con la modernidad. “Preservar no significa congelar. Se pueden permitir nuevos usos, actividades comerciales o tecnológicas, siempre que se respete la esencia histórica del centro”.
Los especialistas coinciden en que se necesitan políticas públicas claras, reformas normativas, planificación interinstitucional, incentivos para la inversión privada y, sobre todo, voluntad política para actuar.
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