Asamblea aprueba ley que retoma exigencia de antecedentes penales a extranjeros
El oficialismo incluyó en las reformas a la Ley de Movilidad Humana artículos de leyes de Solidaridad e Integridad Pública
La Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Esta vez, el oficialismo consiguió 88 votos a favor, aunque también recibió críticas del Partido Social Cristiano (PSC) y del correísmo por incluir, en el segundo debate, artículos provenientes de las leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública.
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La ley fue tratada en el Pleno la tarde del 22 de octubre de 2025. Las reformas fueron tramitadas en la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por la oficialista Lucía Jaramillo.
Ella, como ponente del proyecto de ley, señaló que la normativa vigente protege a los delincuentes por encima de la seguridad de los ecuatorianos. Cuestionó nuevamente el principio de ciudadanía universal y los derechos humanos. “Se necesita que se proteja al migrante legal. No al delincuente que se oculta como refugiado o perseguido”, manifestó.
Jaramillo explicó que las reformas tienen tres puntos clave. El primero está relacionado con la optimización del control migratorio. El segundo apunta al fortalecimiento institucional; en ese aspecto, la ley establece que el control migratorio estará a cargo de la Subsecretaría de Migración. Finalmente, el tercer eje se refiere a la protección de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior.
El legislador del PSC, Alfredo Serrano, criticó la inclusión de cuatro artículos en el segundo debate. Señaló que tres de ellos pertenecen a la Ley de Integridad Pública y uno a la Ley de Solidaridad Nacional, ambas declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional.
“Esto contraviene el pronunciamiento de la Corte por la forma, no por el fondo”, dijo Serrano, en referencia al fallo que determinó que se violó el principio de deliberación democrática en la aprobación de dichas leyes. Agregó: “Caemos nuevamente en el círculo vicioso de violentar el proceso parlamentario”.
La legisladora del correísmo, Ledy Zúñiga, también cuestionó la inclusión de esos artículos. Recordó que existen tratados internacionales y la supremacía de la Constitución, en la cual se consagran los derechos humanos.
Tras la decisión del Legislativo, el presidente de la República Daniel Noboa, podrá sancionar la ley y enviarla directamente al Registro Oficial o vetarla de forma parcial o total.
¿Qué se incluye en las reformas?
Jaramillo explicó que, una vez que la ley entre en vigencia, todo extranjero que requiera un visado deberá presentar sus antecedentes penales y demostrar que no representa una amenaza. A esto se sumará la implementación de procesos expeditos de deportación, con un plazo máximo de 24 horas.
Otro cambio relacionado con migrantes tiene que ver con la expulsión de extranjeros sentenciados por la justicia ecuatoriana. Jaramillo detalló que no será necesario que la sentencia supere los cinco años para que se concrete la deportación.
También se incluyó la deportación por amenaza o riesgo. Según el documento, cuando la autoridad de control migratorio tenga conocimiento —por cualquier medio lícito— de información proveniente de una autoridad competente que indique que una persona representa una amenaza o riesgo para la seguridad y estructura del Estado, se iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio.
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