A medida que Quito se expande demográficamente, la construcción de viviendas informales también gana terreno, principalmente en zonas periféricas de la urbe, así como en laderas, quebradas y rellenos, comúnmente conocidos por ser de alto riesgo.

María Gómez es parte de estos casos. Llegó a la capital desde Latacunga, hace casi una década. A los pocos meses consiguió trabajo en una empresa de fabricación de bloques, en calidad de cuidadora o “guachimán”, como aclara ella. Tiempo después, junto a su familia, se asentó en Guamaní, al sur extremo de Quito. Construyó una casa de casi 100 metros cuadrados, sin ningún criterio arquitectónico o civil, en un lote baldío que colinda con una calle altamente transitada.

Ella es consciente de la ilegalidad que cometió, pero lo justifica con su necesidad de tener un techo para vivir. Cuenta que no tiene escrituras, tampoco un registro catastral y si goza de servicios básicos como luz y agua potable es porque logró obtenerlos por autogestión y le hicieron un tendido eléctrico del poste desde la calle principal.

“Mi casita es solo de ladrillo y la levanté con mucho esfuerzo. Soy una mujer de escasos recursos y gracias a que mis familiares que saben de construcción me ayudaron pude hacerla. Confío en que algún momento el Municipio pueda legalizarme”, agrega.

Solo en Quito, la Unidad Municipal Regula Tu Barrio ha identificado la presencia de 250 asentamientos informales. El 50 % no cuenta con títulos de propiedad o escrituras. Y el monto restante está en espacios no permitidos para habitar. De estos, 59 entraron a la carpeta de la formalidad después de enfrentar varios trámites. Ocho están asentados en Quitumbe, Guamaní y Chillogallo, al sur.

Así lo sostiene su directora, María del Cisne López. “Muchos asentamientos no están dentro de una planificación y lo ideal sería que construyan bajo normas técnicas como indica la ordenanza municipal, sin embargo esa no es la realidad. Una vez que se regulariza el suelo se les pide que readecúen las construcciones para evitar riesgos posteriores que lamentar”.

La ordenanza municipal de arquitectura y urbanismo establece que para realizar construcciones se debe obtener una licencia urbanística y también contar con una serie de requisitos, entre ellos la elaboración de planos, estudios topográficos, entre otros recursos que deberían ser realizados por un arquitecto o ingeniero civil.

Así lo corrobora Alba Núñez, catedrática universitaria y urbanista de profesión.

Según ella, en la práctica poco de lo que dice la ley municipal se cumple. Más bien nada. Incluso, añade que la legalización de predios se ha convertido en un tema político para acaparar la atención de los sectores populares, dejando de lado la seguridad que requieren las construcciones para evitar catástrofes como las que en invierno generalmente ocurren debido a los deslaves.

“Es necesario participar desde el diseño hasta la construcción, incluso el Municipio podría invertir menos dinero en mano de obra. Se debe enfrentar a otra escala y con métodos participativos. Debe partir desde una propuesta urbana integral y dentro de este un componente vivienda”.

Pero lo más importante que destaca Núñez es que la ciudad no gana en lo absoluto si se legaliza tierras indiscriminadamente, sino que se pone en mayor riesgo porque el progreso y orden no se asientan.

“Legalizar las edificaciones informales debería ir de la mano con una revisión técnica detallada, en la que podrían colaborar las universidades. Esto no puede convertirse en un simple proceso”, finaliza.