Fundaciones temen su fin por líos con los comodatos

  Quito

Fundaciones temen su fin por líos con los comodatos

El Municipio plantea cambios sobre el uso de predios en donde funcionan entidades de ayuda social.  Deberán pagar una “regalía” anual.

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La fundación Centro San Juan de Jerusalén (centro-norte) atiende a más de 50 niños actualmente.Henry Lapo

Una situación que preocupa a cuatro organizaciones que se dedican a la ayuda social. El cambio en las reglas de juego de la figura de comodato puede complicar el funcionamiento de este tipo de entidades en Quito.

¿Qué es un comodato? En términos generales, es un contrato entre una entidad pública y otra parte privada o una organización que consiste en un préstamo de uso de un bien inmueble.

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El Municipio de Quito, citando a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) de 2018, señaló en agosto del año pasado que no aplica la figura de comodato para el terreno que usa la Fundación para la Integración del Niño Especial (FINE), por lo que una fundación deberá pagar una regalía anual al Municipio.

Si no se resuelve, pedimos al Municipio que se haga cargo de la obra que hacemos.

Mercy Barragán, fundación San Juan de Jerusalén

En julio de este año vence el comodato de los terrenos donde funciona FINE, ubicada en Pomasqui (noroccidente de Quito). Desde hace 30 años, la organización se dedica a insertar a personas con discapacidad al mercado laboral, aseguró Yolanda Ortiz, su directora.

“Estamos en el aire porque es la incertidumbre de lo que va a pasar. El Municipio no se ha pronunciado”, dijo Ortiz. Actualmente, FINE da sus servicios a 50 personas con discapacidad intelectual en edad adulta.

CONTEXTOEl Municipio envió un oficio en 2021 para informar que cambiaban términos del comodato a fundación que trabaja con niños con discapacidad.

Otras organizaciones que trabajan en la capital temen que les pueda ocurrir lo mismo. Mercy Barragán, directora de la Fundación Centro San Juan de Jerusalén, que trabaja en la inclusión escolar y la atención especializada de niños y niñas de escasos recursos económicos con insuficiencia motriz cerebral o parálisis cerebral infantil y con trastornos del neurodesarrollo.

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Los cambios legales le obligaría a la Fundación a pagar unos $ 60.000 al año, con lo cual se puede ver mermada su capacidad operativa, aseguró Barragán.

Las organizaciones han buscado reunirse con el Municipio, pero han tenido poco éxito.

EXPRESO buscó información con el Municipio de Quito sobre este tema, respecto al número de predios en esta situación, valores y su posición sobre el problema, pero hasta el cierre de esta edición no ha tenido una respuesta.

La concejala Luz Elena Coloma aseguró que se debe renovar los comodatos a las organizaciones sin ningún costo.

“No sacamos, como Municipio, tener inmuebles sin uso y lo importante es que esos inmuebles tengan un uso”, aseguró la edil.