Con aplausos y vitoreos recibió Rocío Bastidas, veedora ciudadana de La Floresta, la noticia de que el Ministerio de Cultura y Patrimonio declaró 156 inmuebles del barrio del centro norte como patrimoniales, lo que impide que se alteren o derroquen.

La lucha, explica, empezó en 2011, tras la aprobación de la ordenanza del Plan Especial del Sector La Floresta, que definía el uso del suelo, la forma de ocupación y edificabilidad, la categorización vial y la catalogación de los inmuebles que fundaron el barrio centenario.

“Se cumplió con la pacificación de ciertas vías, con los límites de la edificabilidad, que no debía superar cuatro pisos en ciertas vías y ocho en otras, pero el tema del patrimonio siempre fue álgido. El acuerdo establecía la catalogación, pero tardó cuatro años en hacerse y necesitó que protestemos, que nos quejemos para que se haga, porque se prefirió dar paso al hambre insaciable de las inmobiliarias y a la gentrificación”, dijo molesta.

Señaló que, en esos cuatro años, se derrocaron numerosas casas como el edificio Müller y las casas Ludeña y Chiriboga, y se permitió el deterioro casi irreversible de inmuebles como la Casa Guerrero, en las calles Valladolid y Vizcaya.

“Aprovecharon esa demora para hacer lo que querían con el barrio, para vender casas, convertirlas en restaurantes, o edificios. Es una tragedia para nuestra identidad como barrio residencial”, agregó Juan Mendoza, residente del sector.

Pero no sería el único quebranto a la ordenanza especial. La veeduría halló tres instancias en las que el uso de suelo fue cambiado de manera aleatoria, sin socializarlo a la comunidad, requisito obligatorio de esa normativa municipal.

“En 2012, por ejemplo, se tomaron dos calles para permitir la apertura de bares, karaokes y discotecas. Esto se hizo sin nuestro consentimiento”, estableció Batidas.

La declaratoria patrimonial emitida por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y avalada por el ministerio se hizo con el apoyo del Colegio de Arquitectos y el Cronista de la Ciudad. Al catálogo se sumaron doce casas que tenían protección desde 1998.

“El primer catálogo no contó con el sustento técnico necesario. Esta declaratoria sí logra mantener la residencialidad del barrio y su flora y fauna endémicas, que era lo que llevábamos años esperando y peleando”, dijo en una entrevista Maximiliano Donoso, presidente del comité Promejoras.

Y si bien no todos los vecinos concuerdan con la medida, que algunos califican como “un freno al progreso”, lo que sí tienen claro es que ahora deberán socializarse obligatoriamente las modificaciones.

“Muchos queríamos derrocar nuestras casas, porque están viejas y no tenemos dinero para mantenerlas, pero somos conscientes que habría una pérdida de identidad. Ahora se debe consultar y, además, nos permite solicitar fondos al Instituto Metropolitano para renovarlas y mantenerlas”, señaló Andrés Mera, otro morador de esta localidad, que cuenta con cerca de 35.000 residentes. 

Los cambios municipales bajo la lupa

La declaratoria, no obstante, es solo el primer paso en un proceso que busca reparaciones contra el quebranto de la ordenanza del Plan Especial.

Además de un proceso iniciado en la Fiscalía por las modificaciones a la ficha técnica de protección patrimonial del Hotel Quito, uno de los edificios emblemáticos del barrio, la veeduría anunció acciones para determinar los motivos que llevaron a realizar cambios en el uso de suelo sin socialización y a permisos de construcción que quebrantan las normas de edificabilidad.