En Quito, un profesor cobraba dinero a cambio de supuestos nombramientos
El docente habría solicitado entre 1.500 y 2.000 dólares a cambio de supuestos nombramientos definitivos
Un docente quiteño será juzgado por presuntamente exigir dinero a personas interesadas en obtener cargos como profesores o personal administrativo en una institución educativa. El caso, investigado por la Fiscalía de Administración Pública, se remonta a julio de 2021.
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Según la investigación, el implicado, quien ejercía como profesor en ese momento, habría solicitado pagos de entre 1.500 y 2.000 dólares a cambio de supuestos nombramientos definitivos. A varias personas les prometió que, tras cumplir con los pagos, obtendrían una plaza en la institución. Las transferencias sumaron alrededor de 10.000 dólares, informó la Fiscalía.
Las primeras alertas saltaron luego de que los perjudicados denunciaron que hicieron depósitos en cuentas vinculadas al ahora investigado o a terceros.
Según la Fiscalía, el docente incluso creó un grupo de mensajería instantánea, donde daba indicaciones sobre envío de documentos, hojas de vida y pagos.
Allí, habría asegurado que los nombramientos se concretarían en noviembre de 2021, lo cual nunca ocurrió.
Una de las personas vinculadas inicialmente en la causa recibió auto de sobreseimiento, pero las pruebas apuntaron al docente como presunto autor directo del delito de concusión, por lo que fue llamado a juicio.
Juicio en marcha y medidas cautelares
Durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la fiscal del caso presentó elementos de prueba testimonial, pericial y documental que serán utilizados en el proceso. El juez acogió el dictamen acusatorio de Fiscalía y dispuso que el implicado enfrente el juicio.
Además, se ratificaron las medidas cautelares que ya pesaban sobre el procesado: deberá presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y tiene prohibido enajenar bienes.
El delito de concusión, tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se sanciona con una pena de tres a cinco años de prisión.
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