Controlar al poder sin poder: el dilema de Quito Honesto
Con 20 años de funcionamiento, existen dudas sobre su autonomía y efectividad. Expertos hablan de una reforma profunda
La Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, conocida como Quito Honesto, nació con la misión de fortalecer la transparencia en el municipio capitalino. Pero tras dos décadas de existencia, su independencia, legitimidad y capacidad real de fiscalización están en entredicho.
Te invitamos a leer: Buses en Quito: así es la nueva ruta que va de Conocoto a La Argelia
La comisión cuenta con un presupuesto de $ 2.125.861 en este 2025, el cual es mayor al del 2024, cuando se le asignaron $ 2.021.288. Funciona como una unidad especializada y su máximo órgano es el pleno, conformado por el presidente y cuatro representantes de las universidades, sociedad civil, cámaras de producción y colegios profesionales.
Los ojos se han vuelto hacia la entidad, ante denuncias de supuestas irregularidades en los procesos de contratación vía convenios internacionales y que han sido tildados como “opacos” por concejales como Wilson Merino.
El presidente de la comisión, Rodrigo Cáceres, defiende la vigencia de la institución. Dice que entre 2021 y 2024 se han analizado 576 denuncias sobre peculado, cohecho, abuso laboral y falsificación de documentos, entre otras. Aunque no menciona los resultados de esas quejas. También destaca su rol en prevención, capacitación, y subraya que hoy se revisan de forma preventiva todos los procesos de contratación municipal superiores a los $ 540.000.
Una entidad sin capacidad para sancionar
Sin embargo, Quito Honesto carece de facultades sancionatorias. Puede emitir informes y recomendaciones, pero no tiene la capacidad legal para exigir respuestas ni impulsar procesos disciplinarios. De ahí que la entidad haya propuesto una reforma al Código Municipal para ampliar sus competencias.
“Podemos encontrar evidencias claras de irregularidades, pero si un funcionario no entrega la información, no pasa nada”, reconoce Cáceres. También admite que la figura del presidente de la comisión, designada directamente por el alcalde, es fuente constante de cuestionamientos.
Esa crítica es compartida por Diego Cevallos, abogado y socio de Gobernanza Local EC. “Una cosa es lo que dice la normativa, y otra lo que ocurre en la práctica. Al final, quien te designa también es un sujeto de control”, menciona.
Para él, se debería fortalecer el rol de Quito Honesto en el monitoreo de políticas de gobierno abierto y dotarlo de herramientas jurídicas reales. Actualmente, “es como mandar a la guerra con una pistola de juguete”, comenta.
Sobre este tema, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, considera que la evaluación de la institución debe hacerse en relación a las diferentes administraciones.
Reconoce avances en la gestión actual, especialmente en temas sensibles como contratación pública y conflicto de intereses. No obstante, indica que “la ciudadanía desconfía porque el presidente es nombrado por el alcalde. Es indispensable reformar la ordenanza y garantizar la independencia real”. Insiste en rescatar la institucionalizar “para que funcione, más allá de quién lo dirija. Y eso depende del Concejo”.
Los efectos de depender del poder de turno se vieron, por ejemplo, en el período anterior, cuando estaba Jorge Yunda como alcalde. Recuerda que en el momento en el que Quito Honesto empezó a tocar fibras sensibles, fue bloqueado de todo.
En el Concejo, Merino es uno de los más críticos. “Es una contradicción tener una institución para luchar contra la corrupción que no es independiente. Está supeditada al alcalde y siempre reacciona después del escándalo”, sostiene.
Es necesaria una transformación
Además, señala errores recientes, como la colocación de una campaña para impulsar denuncias contra la corrupción en vallas ilegales. “Eso refleja su precariedad. No hay procesos internos, no hay seguridad documental. No hay garantías de gestión”, insiste.
Merino propone transformar a Quito Honesto en una entidad con herramientas de prevención y cumplimiento, como los programas de compliance, o cultura del cumplimiento. “No podemos seguir con una estructura que gasta recursos sin resultados y que es más cercana al Ejecutivo que a los fiscalizadores”.
En este escenario, un eventual cambio dependería del Concejo Metropolitano. De su decisión política podría resurgir un Quito Honesto con dientes reales, o la continuidad de una estructura que se sostiene entre buenas intenciones, autonomía limitada y resultados discutibles.
A pesar de las diferencias de enfoque, los especialistas coinciden en la necesidad urgente de reformar la comisión. Ya sea para ampliar su capacidad legal, fortalecer su independencia o reorientar su rol hacia la prevención. La institución podría legitimarse y aprovechar el momento, pues Pabel Muñoz ha emprendido un proceso de evaluación en su administración.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
