El Concejo evade el debate de la seguridad ante la ola de violencia en Quito

La violencia que golpea a Quito alcanzó su punto más crítico el pasado fin de semana, cuando se registraron cuatro muertes violentas en distintos sectores de la capital. Este nuevo repunte de la criminalidad ha encendido las alarmas en la ciudadanía, que exige acciones concretas a las autoridades para frenar la escalada de inseguridad que afecta a los barrios quiteños.

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Pese a la gravedad del escenario, el Concejo Metropolitano de Quito no logró avanzar en una propuesta para tratar el tema de la seguridad con carácter de urgente. La concejala Estefanía Grunauer, presidenta de la Comisión de Seguridad, había solicitado modificar el orden del día de la sesión del Concejo de ayer, para debatir una resolución enfocada en la crisis de violencia. Sin embargo, la moción no prosperó: obtuvo 11 votos a favor, hubo 4 abstenciones y 7 concejales no asistieron a la sesión.

“Hoy se negaron a cambiar el orden del día para tratar la crisis de seguridad por la que atraviesa la ciudad”, lamentó Grunauer. “En medio de una de las peores crisis de seguridad que enfrenta Quito, resulta inconcebible priorizar otras mociones, mientras la violencia cobra vidas en nuestros barrios. No se trata de cálculos políticos, sino de actuar con urgencia y responsabilidad”.

La propuesta buscaba exhortar al alcalde Pabel Muñoz a coordinar de forma inmediata acciones con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y demás instituciones competentes en materia de seguridad. La concejala también advirtió que hay sectores como Solanda que, por su alta incidencia delictiva, deberían ser declarados zonas especiales de intervención interinstitucional.

Grunauer cuestionó la falta de respaldo de varios ediles al tratamiento de un tema que, a su criterio, debe ser prioritario. “Es fundamental que desde la Comisión de Seguridad impulsemos estos debates, pero nos encontramos con concejales ausentes o que no apoyan iniciativas que la ciudad necesita con urgencia”.

La resolución proponía instalar una mesa interinstitucional para discutir el uso eficiente de la tasa de seguridad municipal. “No se trata solo de construir UPC o comprar motocicletas”, explicó Grunauer, “sino de decidir, como Municipio, cómo podemos aportar con los nueve millones de dólares que se recaudan para seguridad. Necesitamos planificación y acción conjunta”.

Problemas internos

Por su parte, el concejal Wilson Merino explicó que se abstuvo de votar porque la resolución no fue socializada previamente. “Nos quedamos siempre en lo coyuntural, en posiciones polarizantes de lado y lado. Cuando nosotros proponemos algo, ellos votan en contra, y cuando lo hacen ellos, también nos abstenemos. Es una situación compleja la que vive el Concejo”, reconoció.

Merino cuestionó la forma en que se manejan las propuestas de seguridad. “Parecería que se trata más de disputas políticas que de asuntos de ciudad. La falta de diálogo interno está afectando al Concejo, y ahí quien falla es el alcalde, al no convocar a reuniones ni construir una agenda legislativa común”.

El edil insistió en que la seguridad sí es una competencia municipal en aspectos como la seguridad vial, situacional, ambiental y en el espacio público. Recordó que impulsa una iniciativa legal que busca reformar la ley mediante el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y el Orden Público, con énfasis en la descentralización y el fortalecimiento de los cuerpos metropolitanos de seguridad. “A diferencia de los exhortos, que muchas veces no se traducen en resultados, necesitamos presentar ordenanzas, fiscalizar al Ejecutivo y promover reformas legales mediante iniciativa popular”, sostuvo.

Incremento en el uso de armas de fuego 

Desde el Municipio, la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, aseveró que se trabaja de forma articulada con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Añadió que hasta el 8 de junio de 2025, Quito mantiene una tasa de homicidios de 4 por cada 100.000 habitantes, cifra inferior a la de ciudades como Ambato, que registra 6,3.

Según Andrade, el 2,88 % de los homicidios a nivel nacional se concentran en Quito, con un incremento en el uso de armas de fuego. Aunque el uso de armas blancas en homicidios ha disminuido en un 40 %, los asesinatos con armas de fuego han aumentado en un 8,8 %. En respuesta, se han invertido 12 millones de dólares en equipamiento para la Policía y se han efectuado más de 3.000 operativos, logrando retirar 2.000 armas blancas del espacio público.

Asimismo, se ha priorizado la intervención en nueve circuitos del Distrito Metropolitano con alta incidencia delictiva, trabajando en coordinación con las administraciones zonales.

En medio de esta crisis, el presidente de la República, Daniel Noboa, renovó el estado de excepción por 30 días en Quito y otras siete provincias del país. La decisión, basada en una “grave conmoción interna”, responde al incremento de los delitos y al accionar violento de grupos armados organizados.

Frente a este complejo escenario, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció este lunes y reconoció la gravedad de la situación. “Ha sido una semana extremadamente dolorosa y marcada por la inseguridad. Quito fue golpeado nuevamente, pero no podemos dejarnos vencer por la delincuencia”, señaló.

Muñoz lamentó la creciente presencia de grupos delictivos articulados y advirtió que la capital no ha sido ajena a estas amenazas. “Hemos visto atrocidades que estremecen al país entero, incluso casos de suicidios vinculados a esta crisis. Esto nos compromete aún más con programas de salud mental”, manifestó.

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