
Concejales y expertos analizan impacto de exoneración de contribución en Quito
Pabel Muñoz plantea ajuste al cobro de obras, tras la denuncia de moradores hecha en EXPRESO
En el barrio Caupicho, al sur de Quito, los vecinos ven con esperanza el anuncio del alcalde Pabel Muñoz sobre la posible exoneración del pago de la contribución especial por mejoras en las obras ejecutadas mediante presupuestos participativos. Para una comunidad que ha debido organizarse y autogestionar soluciones frente al abandono municipal, esta medida podría significar un alivio económico.
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El alto costo del adoquinado preocupa a vecinos
María José Caiza, coordinadora de la asamblea barrial de Caupicho, relata que su sector carecía de directiva y de obras, hasta que la organización vecinal les permitió acceder a un proyecto de adoquinado a través de los presupuestos participativos. El costo fue de 65.000 dólares para dos cuadras, monto que ahora deben pagar en un plazo de diez años mediante la contribución especial de mejoras. En su caso, el impuesto predial pasó de 95 a 470 dólares anuales.
Laura Almache
“Es demasiado para un barrio donde la mayoría de vecinos no tienen recursos. La propuesta del alcalde sería un verdadero alivio, pero esperamos que se cumpla, porque al final estos valores se terminan cobrando en el predial”, dice. Aun así, Caiza adelanta que en Caupicho continuarán organizando asambleas, pues tienen en mente al menos cinco nuevas obras de adoquinado que esperan gestionar.
El alcalde Pabel Muñoz explicó que la contribución por mejoras responde al principio de que las obras deben ser compensadas por los beneficiarios. Este tributo se divide en Obras Locales, que inciden directamente en un predio, y Obras Distritales, que benefician a toda la ciudad con infraestructura vial. Sin embargo, anunció una reforma integral al esquema, cuyo primer paso será la exoneración de este pago para obras logradas mediante presupuestos participativos.
“Hay dos grupos: quienes ya están pagando, sobre los que lamentablemente no podemos actuar, y quienes tienen obras en trámite, que sí se beneficiarán de esta eliminación”, aclaró.

Expertos advierten sobre el impacto financiero en el Municipio
La propuesta generó posiciones divididas. Daniela Chacón, representante de Quito Cómo Vamos, considera positivo que los ciudadanos contribuyan a financiar las obras, pues “nada es gratis”. Sin embargo, cuestiona que los presupuestos participativos se destinen a cubrir necesidades básicas que deberían ser asumidas por la Epmmop y las administraciones zonales.
“El 80 % de esos recursos se usa en obra pública y apenas el 20 % en proyectos sociales. Se pierde la posibilidad de que los presupuestos participativos generen un verdadero cambio en la comunidad”, argumenta. Además, alerta que la eliminación del tributo podría debilitar los ingresos municipales en un contexto de menores transferencias del Gobierno Central.
Fidel Chamba
Desde otra óptica, el concejal Fidel Chamba asegura que cobrar contribuciones por mejoras a obras obtenidas mediante presupuestos participativos es “una burla”. A su juicio, este tipo de obras deberían imputarse al gasto de inversión de las empresas públicas y no trasladarse a los vecinos. También pide que el análisis financiero determine el impacto real de la reforma y que el debate se realice con sustento técnico.
El edil Adrián Ibarra respalda la propuesta, al considerar que Quito atraviesa una crisis de empleo y que más de 1.200 barrios se beneficiarían de la medida. “La exoneración sería un alivio directo a las familias, pero debemos analizar cuánto dejará de percibir el Municipio y cómo se cubrirá ese vacío presupuestario”, manifiesta.
Obras con presupuestos participativos: alivio o carga económica
En la misma línea, la concejal Analía Ledesma insiste en que la reforma debe acompañarse de un estudio técnico sólido que garantice la sostenibilidad financiera. Critica además la forma en que actualmente se asignan los presupuestos participativos, “muchas veces a dedo”, lo que debería corregirse para asegurar un reparto equitativo.
Diego Cevallos, gerente de Gobernanza Local Ec, añade que la propuesta es viable jurídicamente, pero requiere justificación técnica y financiera. Recuerda el caso de la Ruta Viva, cuando se intentó financiar la obra con peajes en lugar de contribuciones y, debido a falta de voluntad política, se restituyó el cobro. “Si se elimina el tributo, deben establecerse mecanismos alternativos de financiamiento”, puntualiza.
Para que la propuesta del alcalde tenga un verdadero efecto político, al tratarse de la contribución especial por mejoras, es indispensable que se apruebe antes de que termine el año. Solo así, la normativa podrá incorporarse en los títulos de la contribución de mejoras —que se emiten como anexos al impuesto predial a inicios de 2026— y aplicarse desde el ejercicio económico de ese mismo año.
Sin embargo, el alcalde también deberá justificar financieramente cómo se van a ejecutar las obras que actualmente dependen de esta contribución o de qué manera se recuperará el valor invertido en su ejecución, a fin de garantizar la sostenibilidad de la medida.