Hugo Moya aplasta con insistencia un botón de pánico. Se supone que debe activar una alarma comunitaria y alertar de un robo. Pero Moya presiona con más fuerza y nada ocurre.

“Hace meses que la alarma no suena. Mientras tanto, aquí todos los días hay robos”, dice con resignación. El comerciante vive hace 30 años en el sector de Chiriyacu, en el sur. Es dueño de una papelería.

Él mismo ha sido víctima de la delincuencia. Una tarde, saliendo con su hijo, fueron agredidos por unos delincuentes que les querían arranchar sus pertenencias. Su hijo, cuenta, cargaba una computadora en la mochila. “Pero no nos dejamos robar nuestras cosas”.

Abigaíl Ortiz ha vivido la misma realidad. Hace menos de dos semanas caminaba a su casa desde una parada de bus y vio cómo un hombre agarró por el cuello a otro y mientras lo asfixiaba, otro le rebuscaba los bolsillos. “Yo estaba con mi hijo de 8 años, que se asustó. No lloró, pero sentí que comenzó a respirar rápido y me ha dicho que ya no quiere salir”.

Ella también se libró de otro robo cuando dos maleantes se acercaban con un cuchillo. Estaban a unos dos metros de distancia cuando ella se percató y cruzó la calle. Se quedó en medio de la avenida Gualberto Pérez hasta que los hombres se vayan. “Lo peor es que llamamos a la Policía y no llegan”.

Los robos son el pan de cada día en este concurrido sector. Los maleantes son atraídos por el alto movimiento de gente que acude al mercado municipal o que retira a sus hijos de los tres colegios que allí funcionan.

Sheila Armijos es otra vecina que también mira la delincuencia, pero no puede hacer mucho más que cuidar su bodega de comestibles. Cuenta que los robos con celulares son la pandemia del barrio.

Todos los días los delincuentes actúan en grupo y sacan cuchillos para robar a los peatones. Otros se esconden en las paradas de los buses. Cuando abren sus puertas se suben a toda velocidad, roban un teléfono y vuelven a salir corriendo.

“A una señora la atacaron en la esquina. Ella gritaba y gritaba. Llamamos a la Policía, pero nunca llegó”, se queja.

Graciela Iglesias tiene un puesto de venta de aguas en la calle. Desde hace 20 años está en esa calle. Dice que los delincuentes son tan agresivos que ella prefiere no meterse. Les conoce la cara porque “siempre son los mismos”, que aprovechan la muchedumbre de las ventas para esconderse.

“Aquí se ve como le corretean a los chiquitos del colegio. A las chicas les ponen cuchillos. Pero no hay cómo decir nada, porque sino a uno también le pueden agredir”.

Cristian Martínez ha arriesgado su integridad para defender a una de sus clientes. Recuerda que la mujer mayor salía de su local de carnes y pollos y comenzó a gritar. Unos delincuentes la atacaron. “Tuvimos que defenderla, pero ellos nos insultaron y amenazaron con unas palabrotas, pero gracias a Dios no ha pasado”.

Frente a esta situación, los moradores piden que la Unidad de Policía Comunitaria abra sus puertas y que los policías hagan más patrullajes.

Desde hace dos años, la UPC más cercana, que está en las esquinas Virgilio Castillo y José Hinostroza, está abandonada. La oficina policial más cercana está ubicada a un kilómetro, 15 minutos a pie, en el barrio de Chimbacalle.

El problema es que esta UPC no funciona las 24 horas del día. Se abre por turnos porque no hay suficiente personal policial, indican agentes.

Un informe que mide la calidad de vida y la percepción ciudadana de los habitantes de Quito, con base en una muestra de 980 casos en ocho zonas del Distrito Metropolitano, refleja que la principal preocupación es la inseguridad ciudadana, con casi el 40 %.

Las cifras que recoge ‘Quito cómo vamos’ reflejan que el 66,7 % de la población encuestada indica haber sufrido un robo en la ciudad en los últimos 12 meses.

En el barrio de Chiriyacu, los robos son tan habituales que los policías hacen operativos vestidos de civil. Ellos hacen vigilancias y tratan de armar casos, no como hechos individuales, pues por el robo de un teléfono, dependiendo del valor del bien, pueden hasta quedar libres en 24 horas. “Como policías estamos interesados en desarmar las organizaciones, porque sabemos que estos que arranchan teléfonos no actúan solos, sino como una asociación ilícita”, dice un agente de la Policía Judicial que trabaja de civil.

Teresa Caisaguano, quien tiene un puesto de comida en la calle, dice que los que roban los celulares aprovechan la hora de salida de los colegios. “Pero hay policías, los motorizados, que vienen y se paran ahí para que nada pase”.

Estos grupos que roban celulares son integrados por hombres y mujeres, la mayoría jóvenes e incluso trabajan con sus madres. “Las mujeres son las que guardan los teléfonos en sus pechos, pero últimamente no se les ha visto”, dice Caisaguano.