Caso ‘chancho pillo’: intento de debatirlo en la Asamblea no logró respaldo
Hernán Zapata apuntó a una “falta de planificación y transparencia” en el Municipio de Quito
El caso conocido como “chancho pillo”, referente al fallido proceso de contratación para adquirir 4.800 platos de hornado a $ 15 cada uno para un evento dirigido a servidores municipales de Quito, llegó el 29 de noviembre de 2025 al pleno de la Asamblea Nacional.
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Aunque el punto principal de la sesión fue la aprobación de la Proforma Presupuestaria 2026, el tema alcanzó espacio en el debate previo.
El asambleísta por Pichincha del oficialismo (ADN), Hernán Zapata, solicitó un cambio en el orden del día para que el Legislativo se pronuncie sobre lo que calificó como “falta de planificación y transparencia” en el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Distrito Metropolitano de Quito.
Su propuesta incluía exhortar al Concejo Metropolitano a reforzar su labor de fiscalización e instar al Sercop a investigar el proceso.
Zapata defendió que su intervención no constituye intromisión en las competencias municipales. “Como servidores públicos tenemos que velar por la transparencia de los recursos. Muchos no honran esos principios. Es lamentable cómo en la administración municipal no se evidencia ejecución en obras cuando hay tantas necesidades no cubiertas”, afirmó.
Una propuesta sin los votos necesarios
El legislador cuestionó particularmente el valor estimado para los platos de hornado de $ 15 cada uno, cuando, según dijo, su precio habitual oscila entre $ 7 y $ 8. También recordó que el Sercop ya realizó observaciones a este y otros procesos municipales donde se evidencia “falta de planificación, falta de profesionalismo e inconsistencias en el manejo de los procedimientos”.
“Conminamos al Concejo Metropolitano a cumplir su labor fiscalizadora y pedimos al Sercop iniciar una investigación que permita, de ser el caso, plantear acciones ante la Contraloría. Los recursos públicos deben honrarse hasta el último centavo”, añadió.
Sin embargo, la moción no prosperó. De los 144 asambleístas registrados en el pleno, la propuesta obtuvo 75 votos a favor, 64 en contra y cuatro abstenciones, insuficientes para aprobar el cambio del orden del día.
Fiscalización del Concejo
El proceso de contratación, que ya fue dado de baja, contemplaba, además de la alimentación, el alquiler de un local y servicios técnicos, con un costo total proyectado de $ 193.004,75, cifra que generó cuestionamientos públicos.
El concejal Wilson Merino, quien abrió una fiscalización interna, aseguró que los primeros hallazgos apuntan a un “presunto perjuicio para la ciudad”.
El tema incluso generó una discusión en el Concejo Metropolitano entre Merino y el alcalde, Pabel Muñoz, quien recordó que el proceso fue suspendido.
De su parte, el edil Adrián Ibarra, anunció que solicitaría información sobre otro proceso de la presentación de la agenda legislativa de la Comisión de Desarrollo Económico, que presidía Merino, por un monto de $ 8.000.
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