Así operaba el call center clandestino de Quito: Sentencia a 31 extorsionadores
31 de los implicados en asociación ilícita, se acogieron a un procedimiento abreviado
Una oficina que aparentaba ser un call center en el norte de Quito escondía una operación ilegal. Desde allí, decenas de personas se dedicaban a extorsionar a víctimas dentro y fuera del Ecuador, exigiendo dinero bajo amenazas de muerte y tortura.
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Cuatro meses después de la redada que reveló el esquema, 31 personas fueron sentenciadas por asociación ilícita, que se acogieron a un procedimiento abreviado, según informó la Fiscalía. El operativo se ejecutó en junio de 2025, en coordinación con la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional.
Durante el juicio, varios de los implicados admitieron su participación en el delito.
¿Cómo operaba el call center?
Según la Fiscalía, los extorsionadores llamaban o enviaban mensajes a personas radicadas en el extranjero, exigiendo sumas de dinero a cambio de “protección”. Si las víctimas no respondían, recibían videos y fotos de personas mutiladas, con advertencias de que eso mismo les ocurriría.
Las amenazas se enviaban mediante aplicaciones como Pegasus, Rimbill y mensajería instantánea, operadas desde el inmueble donde funcionaba el supuesto call center, en el sector de La Carolina.
Pruebas y testimonios
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó una serie de pruebas: declaraciones de los procesados, informes de peritos en informática forense, análisis financieros y el testimonio de los agentes que participaron en el operativo del 25 de junio de 2025.
Con esos elementos, se logró demostrar la existencia de una estructura organizada dedicada a extorsionar a través de medios digitales.
No todos fueron llamados a juicio
En total, 44 personas fueron procesadas por este caso. Sin embargo, la jueza del caso solo llamó a juicio a tres de los 13 procesados que seguían el procedimiento ordinario, y dictó auto de sobreseimiento para los otros diez, decisión que la Fiscalía considera injustificada.
La Fiscal del caso anunció que apelará el fallo, argumentando que se desestimaron pruebas suficientes para continuar con el proceso penal contra todos los implicados.
Por ahora, las 31 personas ya sentenciadas, parte del núcleo operativo del call center, enfrentan una pena privativa de la libertad de tres a cinco años por el delito de asociación ilícita.
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