Aprovechan la renta temporal para delitos en parqueaderos en el norte de Quito

La exposición de los riesgos que generan las rentas temporales sin mayor control en los edificios residenciales de Quito, como lo publicó EXPRESO, movilizó a la comunidad. Una red espontánea de administradores y dirigentes barriales se ha conformado. Ellos comparten experiencias y han propuesto una norma que los respalde.

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Arriendos temporales, atractivo de las bandas delictivas

Paola Burbano, presidenta del Comité Promejoras de la avenida República de El Salvador y La Carolina, una de las zonas afectadas por la actividad, dice que administradores y directivas de otros edificios la han contactado. “Nos cayó como anillo al dedo. Estaban pasando por lo mismo, pero no sabían que era un problema compartido ni a quién acudir”.

Después vino una reacción en cadena. Se formó un chat entre edificios que enfrentan las consecuencias de los arriendos temporales sin filtro. Cada vez se suman más. Y si bien han formado un frente de apoyo, también se han conocido otras alertas y casos graves.

“Una administradora contó que alquilaron un parqueadero a gente de afuera y, cuando llegó la Policía por una investigación, descubrieron que los autos eran robados”, relata Burbano.

En la avenida González Suárez también se han detectado autos robados escondidos en estacionamientos rentados de forma temporal. Y, en El Batán, miembros de la banda Los Tiguerones se alojaron por semanas en una casa rentada a través de las plataformas.

“No estamos en contra del negocio. Pero no se puede tratar igual un edificio residencial que uno turístico. Donde viven niños, adultos mayores, oficinistas… se vuelve un espacio vulnerable”, insiste la dirigente.

El alquiler informal de parqueaderos y bodegas ha pasado de ser una práctica habitual, a convertirse en un problema crítico de seguridad. “Se arriendan sin control a personas externas. Y dentro de esos espacios hemos encontrado armas, droga, municiones e incluso autos robados”, afirma Luis Segarra, presidente del Comité de Seguridad de la av. República de El Salvador. Según su testimonio, de cada diez casos de arriendos temporales en el sector, ocho están vinculados a estructuras criminales. “Ya no se trata de robos comunes. Estamos hablando de presencia territorial de bandas como Lobos, Choneros o Chonekillers”.

Al ver que las actividades delictivas no solo se han tomado los departamentos, sino que ahora apuntan a los parqueaderos, los comités han realizado ya dos capacitaciones, una con la Policía Nacional y otra con la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase). Además, preparan una reunión ampliada entre presidentes y administradores.

¿Qué pasa con los reglamentos y normativas? 

Otro paso es revisar los reglamentos internos y establecer que los edificios son exclusivamente de uso residencial a largo plazo. No obstante, realizar ese control ha tenido resistencia.

En Quito, la tensión entre los propietarios que quieren alquilar sus departamentos y parqueaderos por días y quienes viven permanentemente en los edificios ha llegado a los tribunales. Uno de los casos más emblemáticos es el del edificio Iqon, ubicado en la av. De Los Shyris. “Este empezó a llenarse de gente desconocida. Teníamos peleas y prostitución en las áreas comunales. Era insostenible”, cuenta Luis Bermeo, presidente del inmueble.

Para contener la situación, en febrero de 2024 la asamblea de copropietarios aprobó un reglamento interno con dos medidas: restringir el uso de áreas comunales a quienes no viven de forma permanente y exigir un mínimo de 12 días por estadía, con multas de 100 dólares por noche si se incumple.

Enseguida, una acción de protección presentada por los arrendadores temporales llegó a los juzgados, pero fue desestimada en mayo pasado. “El juez nos dio la razón. No estamos prohibiendo el uso del bien, estamos regulando los espacios comunes, que nos pertenecen a todos”, afirma Bermeo.

El fallo dejó claro que no se puede hacer renta temporal sin cumplir los requisitos legales. “En el Ministerio de Turismo hay una normativa específica, pero nadie la cumple. No registran su actividad, no informan a la administración del edificio. Es una actividad ilegal”, agrega.

Sin embargo, el criterio judicial no ha quedado en firme. Según el abogado Marcos Ortíz, quien ha llevado varios casos relacionados con esta problemática, la parte afectada por la sentencia del juez del Tribunal de Garantías Penales presentó una apelación, con el argumento de que los reglamentos internos no pueden restringir derechos constitucionales.

 “En el Ecuador el único instrumento normativo que tenemos es la resolución de Turismo. Lo que hace o pretende es que se registren los bienes. Si se quisiera restringir completamente la renta temporal, debería existir una ley o una ordenanza municipal que así lo disponga”. Además, insiste en el reglamento de copropiedad.

Mientras la problemática se agrava, en el Concejo Metropolitano aún no se plantea una eventual regulación. EXPRESO buscó un pronunciamiento de la edil Estefanía Grunauer, presidenta de la Comisión de Seguridad y miembro de la mesa de Uso de Suelo, pero no respondió hasta el cierre de esta edición.

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