Políticas públicas y estrategias de Estado que perduren en el tiempo y que sean inmunes al manoseo de los gobiernos de turno y a la corrupción es lo que necesita el país para garantizar la continuidad institucional que promueva el desarrollo de los diversos sectores y la sanidad financiera del aparataje estatal.

Los cambios en los altos mandos de la Policía y de las Fuerzas Armadas, que responden a la confianza del presidente y de los ministros del ramo, no pueden afectar las reglas instituidas para el bienestar ciudadano y cuya ejecución depende del gobierno central y de los gobiernos locales.

Estas políticas y estrategias no solo se circunscriben a la fuerza pública del Estado o a la aplicación de justicia, sino a todo el andamiaje gubernamental, que abarca la educación, la salud, la vialidad, el bienestar social, etc.

La ausencia de líneas concretas de acción, fundamentales para determinar un objetivo común ciudadano a nivel nacional o local, para lograr la transformación del Estado en todos sus espacios, solo han provocado desorden general. Es hora de que los municipios, por ejemplo, elaboren sus planes urbanísticos a largo plazo, y de que el Ministerio de Obras públicas defina las rutas de expansión vial para varias décadas. El país no puede seguir viviendo en la improvisación.