Entre la múltiple institucionalidad absolutamente desprestigiada que podemos observar en el Ecuador, la política va a la cabeza. Y ello es lamentable porque deja al país sin posibilidad de conducción en el futuro, dado que la política guía los Estados, y los deja sin porvenir también, porque las nuevas generaciones lo que menos desearán hacer es política, salvo que la vean como una suerte de mecanismo para enriquecimiento tan rápido como el obtenido con el tráfico de drogas.

Para convalidar lo señalado, que podría parecer exageración, basta observar lo ocurrido con la Seguridad Social, cuyos hospitales fueron y siguen entregados a caciques de distinto precio a lo largo de la República, a veces ni siquiera en función de los votos que manejan en la Asamblea sino para evitar ser víctimas del lenguaje procaz de quienes han hecho de su capacidad de difamar un atributo de su quehacer político. 

Así las cosas, sería deseable que la administración de justicia ecuatoriana y los organismos destinados a combatir y castigar la corrupción desarrollen la importantísima tarea que tienen a su cargo, pero es decepcionante señalar que la mayor parte de los casos más resonantes y mejor investigados son aquellos que se han producido en el extranjero o por investigaciones de la prensa nacional.