La educación de calidad es una deuda que el Estado ecuatoriano no ha logrado saldar desde hace décadas. Con todo el dinero sustraído en contratos ilícitos y, en definitiva, en cada acto de corrupción registrado en los últimos años se pudo garantizar mejores oportunidades a miles de niños y jóvenes que actualmente no tienen acceso ni a internet para estudiar a distancia. Los centros de educación superior privados han podido sobrevivir gracias a la autogestión y a la optimización de recursos, que les ha permitido, entre otras cosas, invertir en plataformas digitales para la formación a distancia, como las grandes universidades del mundo. Entendieron que la enseñanza salió de las aulas para fundirse en el ecosistema social. Sin embargo, el sector público no ha tenido la misma suerte, debido, no solo a la deficiente inversión estatal, sino también a los malos manejos administrativos que politizaron la ‘alma mater’ hasta dejarla en un completo anacronismo. La consecuencia es que existen más empleados administrativos que profesores calificados, más ‘pipones’ que científicos. El caso es que el país está quebrado y no habrá más recursos para estas instituciones, por lo que el reto de las autoridades será buscar maneras de autofinanciarse, abrir sus puertas a la modernidad o sencillamente desaparecer.